La institucionalización de la Convención Constitucional

Sebastián Jans Pérez

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La Convención Constitucional ha superado el primer mes de sesiones y comienza a establecerse en todos sus derechos, prerrogativas y objetivos, los que fueron fijados por la ciudadanía a través de dos actos eleccionarios irrefutables: un plebiscito, que optó por establecer una convención con el 100% de los convencionales electos; y una elección de convencionales, que generó una incuestionable representatividad de la voluntad popular.

Previamente, un acuerdo político hizo posible un itinerario que contempló dos plebiscitos y las opciones sobre el tipo de convención, estableciendo la paridad de género y la cuota de representación de los pueblos originarios, estableciendo su composición original para la historia chilena y para la historia democrática en el mundo.

Así, desde dos vertientes -la del acuerdo político, y la de la ratificación popular a través de elecciones informadas-, se puede hoy tener una convención constitucional, sobre la cual están depositadas nuestras esperanzas como país.

Pero, hay también una tercera vertiente que no debe ser ignorada: la demanda social pacífica de 2019, que exigió un nuevo contrato social, un nuevo trato, con la firme comprensión de que la democracia debía dar respuesta a los cambios exigidos, para tener un país con más justicia social, donde la dignidad de la condición humana esté en el centro de las definiciones del Estado, del sistema político y de la economía del país.

De este modo, la crisis política que provocó el estallido social, merced a su pacífica expresión, ampliamente mayoritaria, lejos de las expresiones violentas de grupos minoritarios, permitió generar una nueva oportunidad para la democracia y una nueva oportunidad para la política, por sobre cualquier aspiración o interés particular.

Entonces, tenemos hoy una Convención Constitucional diversa en su composición, que obedece a la diversidad del pueblo o ciudadanía votante.

Los debates que marcan las primeras semanas son auspiciosos respecto al fondo, y que permiten avanzar hacia la institucionalización del trabajo de la Convención. En ese contexto, frente a una propensión de algunos a lo particular o al sesgo mediático de las singularidades, lo necesario es que las representaciones convencionales puedan conversar y debatir para arribar a los objetivos esperados, sobre la base de construir consensos respaldados por amplias mayorías, sin propender a procesos decrecientes dentro de una lógica de hegemonía que frustraría el objetivo principal.

Pensar o creer que los electores entregaron una sola voluntad sobre los modos de abordar la redacción de una nueva Carta Magna y sus contenidos no solo es un error, sino también una profecía incumplible.

Sobre esa base, la gran mayoría de los chilenos espera que la Convención Constitucional produzca la paz y la reconciliación, que produzca justicia social, respeto a la dignidad humana, y que no sea un espacio más de confrontación irracional para imponer una hegemonía ideológica o una hegemonía interpretativa de la historicidad de los hechos que hemos vivido como país.

Lo que la amplia mayoría del país quiere es una hoja de ruta hacia la integración e inclusión, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la dignificación, hacia la justicia social, pero a través de la responsabilidad institucional en el ejercicio de los mandatos de sus representantes.

De la democracia y de la institucionalidad de la Convención Constitucional depende la construcción de cualquier proyecto de futuro, que buque efectivamente la dignidad humana, la paz, la justicia y un progreso inclusivo. Pero también depende de las conductas cívicas necesarias para abordar los grandes desafíos de la convivencia civilizada, y allí la prudencia, la responsabilidad y el respeto, son determinantes para construir ambientes de interés común y logros eficaces.