Sin saber quiénes somos, sin conocer la identidad que nos caracteriza, no podemos vivir. Si un día perdiéramos la piel tampoco podríamos vivir. Por eso, es justo decir que sin memoria histórica no es posible existir. Ahora que el negacionismo en materia de derechos humanos se reposiciono en el debate público, aferrándose al viejo y falaz argumento que no vale la pena mirar hacia atrás, hay que develar el reiterado objetivo de impunidad que lo inspira.
En efecto, es el mismo y ruin concepto que el entorno de Pinochet exhibió en las discusiones sobre las responsabilidades, tanto políticas como penales, que debían asumir las autoridades del régimen militar y los agentes que ejecutaron el terrorismo de Estado cegando las vidas de miles de personas, desde la instalación de la dictadura el 11 de septiembre de 1973.
Por mandato del Presidente Aylwin en 1990 se formó la Comisión sobre Verdad y Reconciliación, que entregó a Chile y a la humanidad el Informe Rettig como inamovible testimonio de las crueles y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Luego, en 1995, se condenó a Manuel Contreras y otros por el asesinato de Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, una acción de terrorismo de Estado de la dictadura chilena en la capital de Estados Unidos; y posteriormente, en 2003, por decisión del Presidente Lagos, se creó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que dio vida al Informe Valech.
Antes, la investigación del vil asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires, en septiembre de 1974, dio pruebas que llevaron directamente a la DINA, Manuel Contreras y Pinochet.
En suma, todo hecho, investigación o circunstancia que denunció los crímenes de lesa humanidad de Pinochet, salió a la palestra el mismo y manido argumento para evitar la acción de la justicia: no se podía mirar el pasado.
Cuando seguía en la comandancia en jefe del Ejército, Pinochet sacaba a los comandos a realizar "ejercicios de enlace" para chantajear a la autoridad civil. Un servil general del entorno del dictador sofisticó la excusa, en un alarde argumental, señalando que un automóvil no puede manejarse mirando al espejo retrovisor.
Ahora, al reunirse la semana recién pasada, el Concejo Municipal de Santiago que resolvió honrar la memoria de parte de las víctimas apresadas, asesinadas y/o desaparecidas, colocando sus nombres en calles y plazas, se escuchó nuevamente el coro de los defensores de la impunidad, aquellos que recurren a cualquier pretexto para impedir la formación de la memoria histórica necesaria para el futuro democrático de la nación chilena.
Los grupos ultraconservadores reventaron de rabia y rechinaron los implantes de algunos oligarcas, eternos antagonistas de la verdad y la justicia, por el roce de sus iracundas mandíbulas ennegrecidas por el odio y la impotencia.
Quienes militamos en el Partido Socialista y recordamos a Carlos Lorca y Carolina Wiff valoramos en toda su dimensión el coraje de la alcaldesa Irací Hassler, y agradecemos profundamente a los concejales y concejalas que aprobaron este acto de memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado.
La memoria histórica que nos sostiene con el valor inquebrantable de los caídos en la lucha por la libertad y la democracia es la piel que recubre nuestra existencia y nos permite perseverar y proseguir la brega por la dignidad y la justicia social.
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