La personificación del abuso de poder

En medio de la justificada preocupación ciudadana por la expansión del Coronavirus se publicó, en la Tercera, la declaración del Director General de Carabineros, Mario Rozas, ante la Fiscalía Centro Norte, en la causa que investiga las graves lesiones sufridas por el estudiante Gustavo Gatica, que mutilaron sus ojos y le dejaron no vidente de por vida.

Los hechos ocurrieron durante las movilizaciones sociales en que se registraron disparos indiscriminados de perdigones por efectivos de Fuerzas Especiales de la policía uniformada en contra de los manifestantes, hechos confirmados en registros audiovisuales, el último de ellos dado a conocer por canal 13 en esta semana.

La información es increíble, a lo largo de su declaración el general dice no saber nada. Señala que el hecho lo conoció “por la prensa” y que los procedimientos operativos y balísticos no son de su conocimiento, agregando en cada ocasión que se le consulta la fórmula que no sabe, “lo desconozco” y “no conozco el detalle”, pero que “hará llegar” los antecedentes.

Este último agregado no queda claro si es para eludir su dudosa y culposa ignorancia y su inexcusable culpabilidad en los graves hechos que se investigan o como simple rutina, incluso como una ironía ante el Tribunal que lo indaga.

Es decir, la democracia chilena está ante un problema mayor, se trata claramente de un desacato a la Justicia por parte del Jefe policial ya que es imposible, dado su jerarquía institucional y su cargo en el vértice superior del mando de una organización jerarquizada que pueda carecer de la información que niega al Tribunal.

Es insólito, el máximo jefe de Carabineros dice que no tiene conocimiento de sucesos que han conmocionado el país y que tienen un costo social e individual sin precedentes en Chile. De los baleados, mutilados, agredidos, humillados, de los que perdieron la vida, de los mismos funcionarios policiales heridos, el Director General toma distancia y se protege, coloca una cortina que lo aísla y señala que cada procedimiento y operación depende del “jefe de servicio” a cargo. Es la tesis de la total irresponsabilidad del mando.

De seguirse el efecto práctico de su declaración, la única conclusión lógica posible es que la máxima autoridad de Carabineros tiene un rol exclusivamente inocuo, decorativo, no sólo no dirige ni toma decisiones sino que tampoco lo informan de las acciones que llevan a cabo los funcionarios bajo su responsabilidad. En cualquier argumentación se pueden extremar los alegatos, pero aquí es demasiado. Es una burla.

Lo más grave es el apoyo político que su actitud de desacato recibe de un gobernante que no ejerce su función de velar por el prestigio de las instituciones y la rectitud de sus subordinados con esta argumentación impresentable. Con esas conductas que buscan impunidad no se va a recuperar la credibilidad de Carabineros.

Cuando se niega flagrantemente la responsabilidad de mando, lo qué pasa es bien evidente, se desnuda una inequívoca pretensión de eludir la acción judicial en lo que a su propia responsabilidad personal atañe y ese no saber nada de lo acontecido significa encubrimiento de los autores directos de las graves heridas a Gustavo Gatica y a centenares de manifestantes, pero, aún así el gobierno lo sostiene igual.

El planteamiento de fondo es gravísimo, no existe una doctrina institucional que dirija la acción policial en los diversos acontecimientos y determine una escala de valores, principios formativos y defina a quien corresponde las decisiones de usar armas y municiones que causan daños irreparables a los manifestantes, de todo ello señala que “no sabe”. De la responsabilidad del mando, menos aún.

Entonces, cuál es la doctrina institucional en materia de orden público y respeto a los Derechos Humanos, de acuerdo con su declaración, no la hay.

No cabe duda que para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía este es un hecho alarmante. De no creerlo. Como una pésima broma. Un hecho inaudito, como cuando el gobernante se pasea rodeado de sus escoltas de Carabineros, en el monumento del general Baquedano, en la plaza de la Dignidad. Una infinita egolatría propia de una concepción autoritaria del mandato presidencial se expresa en esa actitud.

¿Qué podrán esperar los ciudadanos y ciudadanas cuando desde el poder se actúa con un desprecio tan grande hacia los Derechos Humanos y se atropella en forma flagrante el respeto que se debe tener al debido proceso, al rol de la justicia y al país en su conjunto en medio de las adversas circunstancias creadas por la pandemia?

Ambas conductas personifican el abuso de poder. Así se comprende porque nunca dejarán de apoyarse el uno al otro.

De inmediato viene la pregunta, ¿en qué mundo estamos?, no conocen o no aceptan el concepto del “respeto”, en este caso, el respeto a los demás.

¿Qué pasa por sus cabezas?

¿Cómo no advierten el daño que le producen a las instituciones y a Chile?

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