Este 16 de noviembre no solo se elegirá al Presidente de la República, sino también a los 155 diputados y a la mitad del Senado, en una elección que definirá el rumbo político del país por los próximos cuatro años. Incumbentes y nuevos candidatos buscarán llegar al Congreso con la promesa de trabajar por un Chile mejor, un país que hoy más que nunca enfrenta enormes desafíos. No es extraño escuchar que diversos proyectos legislativos llevan años entrampados en el Congreso, sin avanzar en su tramitación. Algunos se pierden en el tiempo; otros son bloqueados por diferencias políticas que parecen insalvables.
Pero el nuevo ciclo parlamentario no podrá permitirse repetir ese patrón. La ciudadanía está cansada y hastiada, tanto de la clase política como de las promesas incumplidas. Por eso, los parlamentarios deberán dejar de lado las disputas menores y buscar acuerdos amplios, que incluyan desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano.
El primer gran acuerdo debe girar en torno a la migración y la seguridad. Es inaceptable que Chile aún carezca de una ley de inteligencia moderna y robusta, especialmente considerando el contexto internacional actual. Recordemos que hace poco se registró un crimen que habría sido ideado desde un país vecino donde la democracia está profundamente deteriorada y la persecución política cruza fronteras.
Asimismo, urge legislar sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), en un escenario donde el crimen organizado, el narcotráfico y los secuestros parecen haberse vuelto parte de la cotidianidad. Las instituciones necesitan un marco legal claro que permita actuar con eficacia y dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos.
Un tercer acuerdo clave para la gobernabilidad del país debe centrarse en revisar el sistema político. Es inviable que el Congreso siga funcionando bajo un multipartidismo fragmentado de más de veinte colectividades, donde el voto de un solo diputado puede tener más peso que el de toda una coalición. Ese nivel de dispersión genera inestabilidad, dificulta los consensos y permite que decisiones trascendentales se frustren por intereses personales o cálculos partidistas.
El cuarto gran desafío legislativo será fomentar la eficiencia estatal. Hoy el Estado chileno es un aparato gigantesco que, en lugar de enfocarse en la gestión y el servicio a la ciudadanía, se percibe muchas veces como una "caja pagadora". Cada cambio de gobierno arrastra una ola de operadores políticos que, al ser desvinculados, ingresan en procesos administrativos interminables. Urge modernizar la función pública, profesionalizarla y ponerla al servicio de la gente.
Por último, el Congreso debe priorizar mejoras sociales realmente efectivas. Año tras año, los ministerios evalúan programas y proyectos con resultados mayoritariamente negativos. Es fundamental legislar para que las políticas públicas tengan impacto medible, resultados positivos y mejoren el estándar de vida de los chilenos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en el propio Estado. El próximo Congreso tiene una labor titánica. No bastará con debatir: será necesario acordar, ejecutar y cumplir. La ciudadanía ya no espera discursos, espera resultados.
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