Las deudas de Sabat

No es de extrañar la reacción del ex alcalde Pedro Sabat frente a las evidencias de los problemas económicos que atraviesa hoy el municipio de Ñuñoa. Insultar a los integrantes del Concejo Municipal, fueran hombres o mujeres, asimismo a los funcionarios y jefaturas, fueron una práctica constante, una especie de impronta.

Pero no hay que perder el foco, no es con insultos que el emblemático militante de RN logrará evitar que se transparente el verdadero estado de las arcas ñuñoínas. No es denostando a quienes ejercemos el valioso oficio de la profesión docente que desviará la atención, al tratarme de ignorante en materia administrativa por ser profesora de filosofía.

Es evidente que la práctica autoritaria que por veinte años reinó en Ñuñoa, con decisiones tomadas a puerta cerrada, con escasísimos y poco efectivos espacios de participación, llevó a excesos en la gestión. El más importante, mencionado en todas partes, la llamada “Clínica de Ñuñoa”, edificio en que se han invertido 11 mil millones de pesos, que albergará un Cesfam y un servicio de urgencia comunal, presupuesto que alcanza para construir cinco consultorios equipados.

Asimismo, la propuesta presupuestaria de Pedro Sabat, año tras año, nunca trasparentó el porcentaje de recursos que corresponde a dotación de personal, en sus distintas modalidades, ya sea honorario, contrata o planta, en las distintas unidades.

Ello es de gran importancia, por un lado, para conocer cuál es la inversión real que se hace en los planes y programas; pero también permite saber cuál es el rol específico de cada persona que presta servicios al municipio. Sobre todo, porque existe un manto de duda respecto de contrataciones de la era Sabat, con un sueldo cercano al millón y medio, que no tendrían ninguna función definida.

La situación es tal, que según el alcalde Andrés Zarhi no hay recursos para contratar una auditoría externa. Pues bien, lo que corresponde es que los antecedentes sean presentados a la Contraloría General de la República, pues se acerca un nuevo proceso electoral y no es admisible que existan sospechas de esta envergadura en uno de los municipios chilenos que se jactó siempre de una administración impecable.

Desde la concejalía que represento, hemos requerido a la Contraloría dos investigaciones. Una por el caso de la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) de Villa Olímpica, en que se presentaron antecedentes falsos al Concejo, señalando que se trataba de un terreno de propiedad municipal, en circunstancias que su dueño real era Serviu.

También, por el incumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los ediles a enviar anualmente una planificación en materia de salud, previa aprobación de Concejo Municipal. En Ñuñoa, esto último, nunca se había llevado a cabo hasta el año pasado.

Son evidencias de una administración poco racional, enfocada en la visibilidad de los logros. Ejemplo de esto es el caso de la escuela Benjamín Claro Velasco, que será demolida y rehecha completa, utilizando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) otorgado por el Mineduc. Son más de mil millones de pesos, 917 correspondientes al FAEP 2014 y parte del 2015.

Personalmente solicité en Concejo al ex alcalde Sabat reevaluar esta decisión, para atender también a otras necesidades del área. De haber sido así, probablemente, la escuela Guardiamarina Guillermo Zañartu, no habría pasado más de dos semanas sin luz, dado el pésimo estado de sus instalaciones eléctricas. La solución para esta comunidad escolar, fue pedir al Ministerio un adelanto de los fondos 2016, ya que el municipio de Ñuñoa no contaba con los 75 millones que costaba el arreglo.

Hoy la comunidad ñuñoína debate sobre planificación comunal en espacios generados en sus propios barrios, y demanda que su opinión sea considerada en la generación de las políticas locales.

Ese es el piso mínimo para asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía: ser parte del movimiento social y representar sus demandas. En Ñuñoa, esto equivale a restituir el ejercicio participativo y deliberante, una especie de nueva etapa en la que avancemos en la profundidad del concepto de nuestra democracia.