En "El cuento de la criada", Gilead no comienza con uniformes rojos ni ceremonias brutales. Comienza antes: cuando un grupo convierte sus creencias en ley y el Estado deja de reconocer a las mujeres como sujetos capaces de decidir. El proyecto "Escucha su corazón", ingresado recientemente al Congreso, pertenece a esa clase de retrocesos que se presentan con nombre amable. Promete sensibilidad, mientras su articulado impone una forma precisa de crueldad.
La propuesta obliga al médico a ofrecer la escucha de la actividad cardíaca embrionaria o fetal antes de interrumpir un embarazo. Luego incurre en una contradicción importante: afirma que la mujer podrá declinar "libremente", pero ordena al médico negarle la prestación si lo hace. No hay libertad cuando una respuesta tiene como consecuencia perder un derecho. No es consentimiento informado. Es obediencia condicionada por el Estado.
Conviene recordar de qué estamos hablando. La ley chilena no permite interrumpir un embarazo por la sola decisión de una mujer. Lo autoriza únicamente cuando su vida está en riesgo, cuando el feto tiene una condición letal (incompatible con la vida extrauterina) o cuando el embarazo es consecuencia de una violación; en esta última causal, además, los plazos son especialmente estrechos. Nadie llega a esta prestación por una decisión liviana. Han enfrentado riesgo vital, un diagnóstico devastador o violencia sexual. Muchas son niñas. Convertir ese momento en una prueba moral ignora el trauma y suma sufrimiento allí donde el Estado debería cuidar.
La propuesta no presenta evidencia científica que demuestre que imponer esta escucha mejora el consentimiento o permite tomar decisiones más informadas. Sus fundamentos recurren principalmente a leyes y fallos judiciales estadounidenses, como si la existencia de restricciones similares fuera prueba de su utilidad clínica. No lo es. Los estudios sobre medidas equivalentes -como la visualización obligatoria de ecografías- muestran que la enorme mayoría de las mujeres mantiene su decisión. La Organización Mundial de la Salud señala que la ecografía no debe ser requisito para acceder a un aborto y reconoce el derecho a rechazar esa información cuando se ofrece.
Tampoco estamos ante un vacío normativo. La legislación vigente exige información completa y objetiva, prohíbe que sea utilizada para influir en la voluntad de la mujer y ordena resguardar que no exista coacción. La propia norma técnica del Ministerio de Salud establece que la atención debe evitar la revictimización y desarrollarse con respeto, confidencialidad y apoyo psicológico y social. El nuevo proyecto no perfecciona esas garantías: las transgrede. Escuchar latidos o ver una ecografía no entrega más información clínica a la niña o la mujer; ejerce una coacción encubierta. Y por lo mismo, el proyecto es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile: vicia el consentimiento y somete a las víctimas de violación o de inviabilidad fetal a un trato cruel.
En democracia, las convicciones religiosas o morales merecen respeto. Lo que no puede suceder es que se conviertan en obligaciones para toda la población. El Parlamento no es un púlpito. Legislar implica ejercer poder sobre vidas concretas y exige más responsabilidad que la simple expresión de preferencias personales. Cuando una ley obliga a una niña violada a escuchar lo que ella rechaza, a cambio de una atención que la propia ley le reconoce, ya no protege: castiga, revictimiza.
El deterioro del debate parlamentario queda en evidencia cuando el conocimiento científico y los derechos de las mujeres se reemplazan por símbolos religiosos, y el deber de cuidado por una escenificación moral. Un Estado responsable no utiliza los servicios de salud para disciplinar conciencias. Mucho menos convierte a profesionales de la salud en agentes de una doctrina.
Las tres causales constituyen un mínimo frágil y todavía lleno de barreras. Defenderlas no es extremismo; es impedir que Chile retroceda hacia un orden donde la dignidad de las mujeres dependa de las creencias de quienes legislan. Gilead nunca llega de golpe. Avanza cuando la crueldad aprende a hablar el lenguaje del cuidado y cuando quienes reconocen el peligro deciden permanecer en silencio.