Ley Antidiscriminación y compromisos pendientes

Tras 7 años de discusión legislativa hemos aprobado, recientemente en el Congreso, la “Ley que establece medidas contra la discriminación”, que viene a plasmar el mandato constitucional de igualdad y no discriminación ante la ley, para un importante grupo de personas que hoy forman parte de minorías históricamente discriminadas por su situación social, origen étnico, apariencia física, opción religiosa u orientación sexual.

No podemos sino señalar la incidencia decisiva que en la recta final de esta larga tramitación, tuviera el caso del joven Daniel Zamudio, quien lamentablemente perdió la vida producto de los prejuicios, el odio e intolerancia.

Su tragedia sensibilizó a todo un país y a nosotros como legisladores en el debate parlamentario, por lo que no podemos sino reivindicar, públicamente, como mínima compensación a su aportación y sacrificio, el que dicha ley se promulgue y publique con su nombre. Creemos que este es el mínimo reconocimiento que nuestro país le debe a Daniel.

Volviendo al proyecto aprobado, éste representa importantes avances. En primer lugar, porque entrega un mensaje claro a la sociedad sobre el valor del respeto a los derechos humanos de toda persona, especialmente, de aquellos en una situación de desventaja.

Además, porque avanza desde lo meramente declarativo, al establecimiento de una acción judicial concreta a quienes son víctimas de un acto discriminatorio para recurrir ante los tribunales de justicia, con una correlativa sanción.

Finalmente, y lo más importante, porque obliga al Estado a elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar, a toda persona, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Sin embargo, en la ley hay un gran ausente: las acciones afirmativas específicas.

Estas medidas buscan corregir desventajas y concretar el principio de igualdad de oportunidades, a través de reformas legales y administrativas, como lo sería la implementación de programas sociales dirigidos a estas minorías, campañas educacionales para promover una sana convivencia, entre otras.

Hoy tenemos la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más tolerante, pero también corremos el riesgo de estancarnos en simples declaraciones de buena voluntad, que no se traduzcan en medidas legislativas o administrativas claras en pos de la promoción del respeto e igualdad.

Este temor es cierto y de alguna forma lo pudimos observar en el discurso presidencial de este 21 de mayo, ocasión en que el Presidente Piñera valoró la aprobación del proyecto, pero no realizó anuncios específicos de acciones para acabar con la discriminación en nuestro país.

Es necesario abrir hoy el debate y comprender el fenómeno de la discriminación y sus orígenes. Sólo de este modo se podrán implementar políticas públicas efectivas y de calidad, destinadas a educar, prevenir y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, sobre la base del respeto, tolerancia y no discriminación.

Hemos claramente avanzado, pero seamos claros, aún quedan temas pendientes.