Ley de los encapuchados, el corolario de un fracaso

La semana pasada el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, más conocido como “ley de los encapuchados”.

La propuesta del Gobierno tiene por finalidad dotar a Carabineros de “nuevas atribuciones” que supuestamente necesitarían sus efectivos para prevenir los desmanes y la violencia con que actúan algunas personas que ocultan su identidad en el marco de diversas manifestaciones públicas para causar daño a la propiedad pública y privada.Por cierto que voté en contra de la iniciativa, pues a mi parecer la policía ya cuenta con las herramientas legales que requiere para cumplir ese objetivo.

Llama la atención la decisión del Ejecutivo de imprimirle “discusión inmediata” al proyecto, justo cuando faltan unos pocos días para las elecciones. Más bien, veo ahí un intento de sacar un rédito político de un tema sensible para la población, en circunstancias que precisamente por su relevancia requiere de un análisis y debate mucho más ponderado, en vez de estar legislando al calor de un escenario electoral.

Imposible es no relacionar esta iniciativa con el incumplimiento de la promesa de esta administración de “derrotar la delincuencia”.Durante la campaña presidencial 2009 el actual Presidente dijo que durante su gobierno se acabaría la fiesta para los delincuentes, que iba a barrer con ellos y que le pondría candado a la puerta giratoria.Sin embargo, nada de eso ha pasado.

Es más, yo mismo fui víctima de duras descalificaciones y se me cuestionó por los indultos que entregué en mi calidad de Presidente de la República, en particular el otorgado a Ángel Vargas, quien supuestamente había liderado la mayor operación de narcotráfico ocurrida en Chile.

Respecto a esta última acusación, la verdad es que no me arrepiento de la medida adoptada. Esa persona se rehabilitó, hoy trabaja y se gana la vida decentemente, lo que demuestra que no me equivoqué en mi decisión. Esa persona tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó para bien.

En cuanto a los indultos, yo hice uso de mi facultad en los casos que estimé conveniente hacerlo.Por lo demás, fueron muy inferiores en cantidad a los del actual gobierno, pese a que esta administración es de solo cuatro años y la mía fue de seis.De hecho, este gobierno logró que se aprobara un proyecto de ley, al cual me opuse, para indultar a más de seis mil reos, ya que consideró que esa era la estrategia adecuada para combatir el hacinamiento en nuestras cárceles.

Se trató, sin duda, de una mala señal de las actuales autoridades. Fue una de las tantas ineficientes políticas de seguridad pública que hemos conocido en estos años, pese a que este gobierno ha sido el que ha contado con la mayor cantidad de recursos para hacer frente a este fenómeno. Todas las iniciativas que se han emprendido en este ámbito han terminado en el descrédito.

Así por ejemplo, con el plan Estadio Seguro se nos pretendió hacer creer que la violencia en los estadios se acabaría quitándole el bombo a los barristas.

También se hizo un operativo para detener a los supuestos autores de la colocación de artefactos explosivos en la capital y la investigación terminó con todos los inculpados libres y con acusaciones a la policía de manipulación de pruebas. Y además, se acusó de terrorismo y sin ningún fundamento a un joven de origen pakistaní, quien llegó incluso a estar detenido.

Hoy, cuando la población percibe que la delincuencia lejos de haber disminuido ha crecido a niveles alarmantes, las autoridades, encabezadas por el propio Presidente de la República, han encontrado en el Poder Judicial el chivo expiatorio perfecto para endosarle la responsabilidad de su mala gestión en esta materia.

La Moneda actúa como si no supiera o hubiera olvidado que garantizar el orden público es una competencia exclusiva del Ejecutivo, específicamente del ministerio del Interior, por lo que es fuera de toda lógica y muy injusto pretender que sean los jueces los que respondan ante la ciudadanía por el mal resultado de las políticas públicas que el mismo Gobierno diseña y dirige.

Sinceramente, creo que llegó el momento de ponerse serios. La seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, porque incide directamente en su calidad de vida de las familias chilenas.

Más que efectismo y advertencias de mano dura, Chile requiere políticas integrales para combatir la delincuencia, de modo que junto con sancionar sea capaz de prevenir las causas que gatillan este fenómeno. De lo contrario, acabar con la fiesta de los delincuentes seguirá siendo una promesa sin cumplir.