A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, constatamos lamentablemente que el país se llenó de "casos": "fundaciones", "lencerías", "audios" y unos cuantos más, en ellos se observa el funesto maridaje entre política y dinero. De triste recuerdo son las privatizaciones de la dictadura y otros "casos" que defraudaron directamente a la población, como la colusión de los pollos, de las farmacias, del papel; asimismo, el financiamiento irregular de la política.
Así también, resulta prácticamente interminable la lista de municipalidades afectadas por la corrupción, incluyendo emblemáticos nombres como las anteriores alcaldías de Maipú, Vitacura y Viña del Mar, investigadas por decenas de miles de millones de pesos comprometidos en usos indebidos.
La corrupción corroe y destruye la legitimidad y credibilidad de las organizaciones políticas. Ahora bien, en la opinión pública se da por hecho que en la derecha para resguardar fortunas y propiedades usan coimas y sobornos, pero se rechaza que en la izquierda existan los que caigan en la misma conducta que sus adversarios y haya en sus filas casos que se someten al poder del dinero, ello desautoriza la médula del discurso y el compromiso por la justicia y la igualdad.
Por eso, cuando esa conducta se presenta sus efectos nocivos son incalculables. El tercer gobierno de la Concertación llegó con briosas expectativas de cambio, pero el llamado "caso MOP-Gate" dañó seriamente la potencialidad de la administración del Presidente Ricardo Lagos. Aun así, en círculos gravitantes no se aprendió de hechos tan lamentables para las fuerzas transformadoras del país.
Hoy hay otra indignidad, el caso "fundaciones", que resulta especialmente condenable al formarse grupos que instalan y validan consultoras que caen en sustracciones de recursos de los planes de lucha contra la marginalidad social en sectores sumamente vulnerables, carentes de servicios esenciales como el agua potable, el alcantarillado y la pavimentación.
Hace pocos días, el Presidente Boric presentó 210 medidas que forman parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública con el objetivo de dotar al Estado, en particular, al sistema de justicia de nuevas atribuciones que garanticen la probidad y la transparencia, enfrentando y cerrando el espacio que fueron estableciendo las malas prácticas en muchas décadas. Ese es el camino.
También propone atribuciones efectivas en contra de la evasión y la elusión de los conglomerados financieros. Es un avance concreto en el restablecimiento de la fuerza y legitimidad de diversas reparticiones y servicios afectados por las repercusiones de los diferentes "casos" de corrupción.
El Estado debe retomar prontamente su responsabilidad. Se trata de una tarea indelegable en las políticas públicas en beneficio popular. Basta de jibarizar el Estado. Por lo demás, con el Programa Chile-Barrios la política pública fue eficaz en materia de campamentos y familias sin vivienda. De modo que no hay razón valedera para la privatización de esa acción social fundamental del Estado.
En la izquierda no puede haber conductas similares a la de los defensores de poderosos intereses mercantilistas que retrasan el desarrollo social, cercenan libertades y derechos fundamentales; con ese objetivo las fuerzas conservadoras han recurrido a los peores métodos, como la desestabilización, atentados criminales y el sabotaje, llegando incluso a la conjura fascista para asegurar la materialización de cruentos golpes de Estado, como el que derrocó al Presidente Allende.
Hay un interés nacional y popular, un horizonte de país y de sociedad que motiva la acción de los partidos transformadores que no es el enriquecimiento personal de sus militantes o adherentes. No se trata de vivir en condiciones deplorables, sino que de luchar por la dignidad de las personas y cada familia, precisamente, para dejar atrás la marginalidad social y la exclusión económica y cultural.
El respeto y adhesión a la persona y/o a los liderazgos políticos o sociales no deben depender del poder o el volumen de dinero manejado por una figura pública. Esas raíces se hunden y emergen de la contribución a la causa común.
El desorden de las ambiciones provoca demasiado daño a la causa democrática. La prensa hegemónica ensalza e idolatra al llanero solitario, un tipo de liderazgo que dispersa y atomiza. Es una vía para que los esfuerzos se anulen y la impotencia política se imponga. Se crea un espacio propicio para que aumente la ansiedad por el dinero, un ambiente que conlleva la pérdida de principios y convicciones.
Por eso, la decisión individual más fecunda es la voluntad de aportar a la causa colectiva y actuar con altura de miras en aras del bien común y el bienestar de los pueblos y naciones. Después del plebiscito del 17 de diciembre hay que retomar esa senda.
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