Nunca es bueno, en principio, que las personas tengan que disponer de sus bienes, endeudarse usar sus ahorros para enfrentar una crisis que los afecta gravemente. Pero hay veces en que es necesario hacerlo, especialmente cuando se vive una catástrofe de las proporciones que hoy enfrenta la mayor parte de los chilenos.
Cuando el ingreso familiar cae de tal manera que ya no es posible enfrentar las necesidades más vitales de sus integrantes, es indispensable buscar soluciones posibles.
La decisión de acudir a los ahorros previsionales adoptada por la Cámara de Diputados es una respuesta a la terrible condición que hoy afecta a muchas familias que no han recibido el apoyo del Estado, o lo han recibido de manera insuficiente.
El gobierno ha leído tarde y mal esa realidad. En el Congreso hemos aprobado sin tardanza sus planes y programas destinados a paliar los sufrimientos de las familias más necesitadas, señalando sin embargo que ellos son insuficientes y pasan por alto la realidad de muchas familias que están sobre el nivel de la pobreza, pero que han visto caer muy bruscamente sus ingresos.
Se ha dejado de lado la tremenda tragedia de la clase media, donde la crisis ha golpeado rudamente y muchos enfrentan la realidad de volver a una pobreza que habían superado en las últimas décadas o de caer en ella por primera vez.
La clase media de este país, mayoritaria en número y de condiciones muy diversas, debe poder recurrir a los medios que ha generado a través de una vida de trabajo duro y no bien remunerado, para solventar este tiempo en que vive en condiciones de cuarentena y sin generar ni percibir ingresos.
Estando en zona de catástrofe, cada cual debe poder usar los bienes que tiene. Y el ahorro previsional parece ser el único que queda, sobre todo cuando el gobierno sostiene que ya no hay más dinero y le ofrece préstamos, cuando ya está agobiada por las deudas.
Recurrir a los fondos de las AFP me parece lo más rápido y eficaz dada la aguda crisis económica a la que está sometida todo el país y también, de manera dramática, los sectores medios que han visto caer sus ingresos sin ninguna ayuda de parte del Estado.
Es una solución de emergencia para los que no caben en el IFE, no tienen subsidio de cesantía suficiente, no les llega el crédito FOGAPE, no dan boletas ni facturas.
Hay experiencia internacional en donde se permite retirar fondos previsionales frente a situaciones catastróficas; muchas familias viven hoy en Chile algo muy parecido, se hace éticamente urgente acudir en su ayuda.
Las AFP tienen liquidez, cada afiliado conoce su agencia y esto puede implementarse con la urgencia que se requiere.
Por ello y dada la excepcionalidad de la actual coyuntura propongo tres criterios a tener presente para construir una propuesta nacional de apoyo efectivo a los sectores medios que lo requieran.
El retiro debe ser siempre voluntario y garantizar un ingreso razonable que guarde relación con los ingresos imponibles registrados de los cotizantes y que sea relevante y suficiente para la situación de estos trabajadores y sus familias, de sectores de ingresos medios.
Para los trabajadores cuyo monto acumulado no alcance a cubrir el retiro mínimo permitido, debe ser posible sobrepasar el 10% hasta alcanzar dicho retiro. Eso asegura que todo cotizante reciba lo necesario para su subsistencia, si así lo estima necesario. Tal vez sería prudente fijar un período mínimo de cotización para usar esta opción.
No obstante, lo anterior, esta iniciativa debe considerar un mecanismo que permita recuperar los retiros que se efectuaren de la cuenta individual. Por esto el proyecto de ley prevé un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que podría hacerse cargo de aquellos que, en virtud de su retiro, se vean muy perjudicados al momento de su jubilación. Por mi parte, creo que, dado que se trata de un retiro transitorio y de emergencia, su restitución debería asegurarse mediante la creación de un Bono de Reconocimiento (reajustado por inflación y con un interés anual) el que se pagaría al momento de pensionarse.
En todo caso, esta propuesta y otras deberán considerarse durante la discusión en particular. La gran virtud del proyecto de la Cámara es que podría implementarse a la brevedad y de manera expedita, lo cual es especialmente necesario en las actuales circunstancias.
Naturalmente, ese efecto podría demorarse aún menos si el Gobierno reconociera el veredicto institucional y de opinión pública que está tras la decisión de ayer.
Muchos de los asuntos que están en la base de este proyecto se simplificarían si el gobierno estuviera dispuesto a considerar la opción aprobada y trabajar con el Congreso no tiene nada de extremo. Sería una buena muestra de flexibilidad y disposición a encontrar los compromisos políticos necesarios en tiempo de crisis.
Y los beneficiarios de este proyecto, sectores medios con baja capacidad de ahorro y sin ingresos en la actualidad, hasta ahora desprotegidos, podrán ser apoyados con eficacia para enfrentar las urgencias de la catástrofe actual.
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