Martina tenía 18 años. Mylan solo 12. Ambos murieron en las inmediaciones del Estadio Monumental en circunstancias que aún se investigan, pero cuyos primeros antecedentes, públicos y oficiales, ya estremecen. Es inaceptable.
Según reveló un reportaje de Ciper Chile, testigos presenciales y un informe reservado de Carabineros indicarían que ambos jóvenes fueron atropellados directamente por un carro policial. La querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) refuerza la gravedad de lo ocurrido. Las versiones contradictorias, la falta de claridad institucional y la gravedad que revisten las dimensiones de esta tragedia, exigen respuestas inmediatas y transparentes.
En un país democrático, el orden público no se garantiza vulnerando el derecho a la vida. Cuando el actuar de agentes del Estado termina con jóvenes muertos a las afueras de un estadio, no hay excusas que valgan. La justicia no puede dilatarse, ni relativizarse.
Por eso es fundamental que el Ministerio de Seguridad Pública asuma su responsabilidad institucional. No basta con prometer investigaciones internas. El país necesita una respuesta firme, que esté a la altura de lo que esta tragedia representa: una falla estructural del sistema de seguridad en eventos masivos y el control del orden público.
No estamos hablando de un caso aislado, ni de un problema exclusivo de las barras bravas. Y acá debemos tener un ojo crítico y racional, porque en estos temas el populismo campea: más represión, militarización o medidas tecnocráticas que desvíen el foco no resuelven los temas de fondo. Estamos frente a la responsabilidad del Estado y de sus instituciones, que deben garantizar condiciones seguras y dignas para toda la ciudadanía, especialmente para quienes solo quieren vivir un momento de alegría.
Martina y Mylan no pueden ser un número más en la historia de la violencia vinculada a eventos deportivos. Sus muertes deben dolernos como sociedad y obligarnos a actuar. Porque nadie debería morir por ir a un estadio.
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