Negacionismo y Libertad de Expresión

La Comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una indicación de Carmen Hertz que incorpora el “negacionismo” como un nuevo tipo penal, con condenas de cárcel para quienes cometan el delito de opinión a que se hace referencia.

Necesariamente este proyecto instala con fuerza  el debate sobre la sanción al negacionismo y la libertad de expresión en nuestra sociedad, como ha ocurrido en todos los países en que se ha legislado sobre el tema.

Como se sabe, el negacionismo consiste en la negación sistemática de hechos  históricos relacionados con violaciones a los derechos humanos con el propósito de proteger a los autores, cómplices o herederos políticos de dichos hechos.

Los más conocidos son la negación del holocausto y del genocidio armenio, genocidios de origen étnico o racial, que negaron la naturaleza humana de sus víctimas.

También se podría aplicar a las violaciones de los derechos humanos en América Latina, en donde a través de intrincadas tesis políticas y falsificaciones históricas se busca contextualizar acciones criminales de manera que parezcan inevitables o al menos excusables.

Algunos países en la década del ’90, como Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Austria, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Polonia, Sudáfrica, Holanda, legislaron considerando  el negacionismo como un delito y establecieron penas de cárcel para quienes lo practican.

En España, el Tribunal Constitucional en 2007 consideró que castigar la difusión de ideas o doctrinas que nieguen el genocidio vulnera el derecho a la libre expresión, pero mantiene las sanciones contra quienes justifiquen el genocidio, una distinción no menor.

Estados Unidos, ha optado por privilegiar el derecho a la libertad de expresión considerando que no se puede establecer una censura previa ni sancionar opiniones como delitos.

La justa indignación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no se limita a los perpetradores sino que se extiende más allá hacia quienes enarbolan los símbolos pinochetistas y no pocas veces abarcan al conjunto de la sociedad (políticos, medios de comunicación, instituciones) que a su juicio permiten y hasta protegen esa falsificación y esa negación histórica.

Para algunas víctimas, la tolerancia a la reivindicación de la dictadura y al negacionismo es sinónimo de ausencia de Memoria, de olvido de su sacrificio, de banalización de su dolor. Aunque puede resultar indigesto escuchar los discursos que todavía buscan negar o justificar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, no es evidente que crear delitos de opinión e imponer penas de cárcel sea una buena idea.

¿Qué valor es el que debe privilegiar la sociedad chilena?

¿Son necesariamente opuestas la libertad de expresión con la Memoria de las víctimas?

¿No ha sido acaso la libertad de expresión lo que ha permitido que la sociedad reconozca la experiencia de las víctimas?

¿Es conveniente para el país y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos que los perpetradores y los negacionistas se victimicen a su vez por la amenaza o ausencia de libertad para expresarse?

El temor a la emergencia de una ola de populismo autoritario en el mundo, tanto de izquierdas (Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua) como de derechas (Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, entre otros), y la propia reivindicación del pinochetismo entre nosotros, no se puede combatir con leyes represivas que victimicen a sus autores, sino con deliberación pública, con la más amplia libertad de expresión, con el reforzamiento de las instituciones republicanas y con la afirmación por parte de la mayoría de los valores propios de una democracia.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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