Nueva política social activa para la cohesión territorial

En este año electoral en que ya empezamos a observar los primeros anuncios, promesas y compromisos de campaña de los diversos candidatos y candidatas a la Presidencia de la República me parece importante reponer en el debate el rol de las políticas sociales, las que históricamente han estado marcadas por el modelo de desarrollo que se encuentra a la base de los diversos gobiernos y en sintonía con los cambios globales.

Es así como en nuestro país vimos su fortalecimiento paulatino desde principios del siglo pasado, con posterioridad a la denominada cuestión social, con el Estado Protector para luego avanzar en nuestro incipiente Estado de Bienestar con políticas sociales universales que permitieron un avance significativo en cobertura, hasta el Estado Subsidiario que impuso la Dictadura con una política social focalizada que a partir de los ´90 -con matices de Estado Social de mercado- se ha mantenido hasta el día de hoy.

Las políticas sociales, también denominadas contra la exclusión, políticas de inclusión social, contra la pobreza, de empoderamiento, dan cuenta en la realidad actual de su objetivo principal: disminuir la brecha de desigualdad, aumentar la capacidad –social y laboral- de los sectores más vulnerables y reducir el malestar social facilitando la generación de formas de organización y participación en la gestión pública.

Hoy el país está necesitando un cambio en el modelo de desarrollo y por supuesto en la lógica de sus políticas sociales. Un aspecto significativo, queda en evidencia tras los resultados del último CENSO 2012 que nos muestran que los cambios demográficos se vinculan con la expresión particular de la nueva cuestión social en el país. Hoy requerimos de políticas sociales activas que permitan la cohesión territorial.

La desigualdad territorial en la entrega de derechos sociales va generando un despoblamiento de ciertas zonas que se expresa en movimientos de población desde pequeñas localidades hacia ciudades intermedias y desde ahí a grandes urbes. Todo lo cual impacta directamente en las condiciones de vida de la población.

Entre los factores que producirían este fenómeno de despoblamiento de ciertas zonas se encuentran: precarización del empleo, acceso a la salud, a la educación, a bienes culturales, a tecnologías de la información, entre otras.

Como señala Carballeda “la distribución espacial que queda como resultante del movimiento poblacional es en sí misma problemática. El éxodo rural, al generar un descenso de la población, trae como consecuencia características especiales al proceso de despoblamiento, que se expresan en el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y equipamiento, el desaprovechamiento de la capacidad instalada, cuestiones que llevan entre otras dificultades a la desertización socioeconómica y a un desvertebramiento del territorio”.

De esta forma se hace necesario que el Estado adquiera un rol activo y central como ordenador, planificador y garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Este es un tema que ha estado ausente de la agenda pública, no se han incentivado políticas sociales relativas a la cuestión poblacional, no se ha buscado un equilibrio territorial, espacial y social.

No se ha incluido la lógica de la cohesión territorial en la política social donde hoy se vuelve evidente la necesidad de una intervención social que articule la política social con las potencialidades de los diversos territorios, a nivel regional, provincial, comunal y de pequeños poblados.