El nombramiento del nuevo Consejo de Concesiones es una muy buena noticia. No sólo por quienes lo integran, quienes -como ha sido la tónica desde su creación- son profesionales de reconocido prestigio, competencia técnica y compromiso con las mejores prácticas en materia de políticas públicas; sino también por la necesidad de contar con un órgano que asesore a los ministros de Obras Públicas y de Hacienda en el rediseño de lo que debe ser la industria de las concesiones, con una mirada de largo plazo.
Este organismo fue concebido para "informar acerca del tipo de infraestructura que se desarrollará al amparo de la Ley de Concesiones, de los proyectos y de las modalidades del régimen concesional, teniendo en cuenta, entre otros antecedentes, y en caso de que ellos existan, los planes regionales de desarrollo urbano y los planes reguladores comunales, intercomunales y metropolitanos, y la evaluación social aprobada por el organismo de planificación competente". (Dolores Rufián, 2018)
Si bien el consejo está concebido como un órgano consultivo, hay ámbitos en los que se le debe consultar obligatoriamente, aunque su recomendación no sea vinculante. Es el caso de los nuevos proyectos, sean estos de iniciativa pública o privada, evaluando para estos últimos la posibilidad de que puedan ser ejecutados por otra vía, en particular por el sistema de contrato de obra pública. De igual forma deberá pronunciarse acerca de la modalidad de concesión y de la evaluación social del proyecto. Además, debe ser consultado en caso de que los contratos vigentes requieran modificaciones o nuevas obras y respecto de la política de peajes. De igual forma, el MOP podrá recurrir al consejo para conocer su opinión acerca de las re-licitaciones, la declaración de incumplimiento grave, el término anticipado de la concesión y otras materias que sean de interés.
Así, el buen funcionamiento de este consejo va mucho más allá del sólo pronunciamiento acerca de las iniciativas privadas -que ha sido la demanda preferente que se ha ejercido sobre este órgano por parte de las autoridades- y puede ser fundamental para la incorporación de miradas diversas que le permitan al MOP una buena conceptualización de los cambios que aspira para la industria. Esto pasa por hacer de los proyectos concesionados no sólo un aporte para quienes los usan, sino también para el territorio en el que se emplazan, en un marco de una nueva política tarifaria -cuando corresponda- en la que se ponga en práctica un criterio de solidaridad interregional e intergeneracional.
Una dificultad que deberá enfrentar el Consejo de Concesiones y, consecuentemente, el ministerio es la necesidad de adaptar estos nuevos requerimientos a las iniciativas que ya están en curso (adjudicaciones y nuevas licitaciones) sin que eso ponga en riesgo la oportunidad de las inversiones. En estos momentos, la inversión a través del sistema de concesiones puede ser un complemento muy importante de la inversión pública, no sólo en magnitud sino también como una señal efectiva del direccionamiento de los proyectos que desde el Estado se quieren para el país y de la disposición de alianza con el sector privado para alcanzar un desarrollo más armónico e inclusivo. Estamos seguros de que el diálogo permanente del ministro y sus colaboradores en el área de las concesiones con el Consejo deberá permitir un diseño adecuado para esta etapa, tan relevante, que vivimos como país.
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