Orden y Patria

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Ese es el lema de carabineros, Orden y Patria. ¿Pero qué ‘orden’ y a costa de qué? ¿Y qué entienden ellos por ‘patria’? Siendo estas preguntas y otras más, legítimas dudas ante una institución cada vez más desacreditada ante la ciudadanía y las demás instituciones, estando entre ellas, el mismo poder judicial, donde no pocos funcionarios de carabineros han frecuentado juicios como imputados. 

Es que si entendemos por ‘orden’ el apego al Estado de Derecho y la ausencia tanto de caos como de barbarie, los actos cometidos por carabineros y dados a conocer por los medios y otros denunciados ciudadana y hasta penalmente, van en dirección contraria de ese ‘orden’. 

Porque un Estado de Derecho es el cual donde hay respeto de las leyes, es decir, de la legislación penal, civil, de la Constitución y de los tratados y pactos internacionales sobre Derechos Humanos (que son por definición universales, igualitarios, irrevocables e inherentes a toda persona, vale recordar)  a los que estamos adscritos como Estado.

Por lo que un carabinero disparando a una persona por la espalda o golpeando a un detenido (como el suceso de Paine), es una clara afrenta y vulneración al Estado de Derecho. 

El mismo caos y barbarie, también se ve en hechos cometidos por carabineros. Desde las situaciones caóticas provocadas por el uso de lacrimógenas en colegios, universidades y espacios públicos normalmente con harta presencia peatonal y no lo suficientemente abiertos (como el Paseo Ahumada), a la barbarie en sus procedimientos contra estudiantes por ejemplo, a quienes han desnudado, golpeado y humillado tras su detención. 

Es bueno siempre recordar que el principal deber de carabineros es controlar y detener. No impartir “justicia”, que en todo caso, golpear y humillar alguien nunca lo será. Y que en todo procedimiento suyo, debe existir un uso proporcional de la fuerza. No pueden golpear a quien ya está reducido (por muy violento que haya sido antes), ni agarrar a lumazos a alguien que les dijo algo que les incomodó u ofendió. 

Para quienes están preocupados por “los derechos humanos de los carabineros”, vale primero aclarar que sí, tienen, como toda persona. Y tienen la ley para acusar a quien los agredió, y siendo por ejemplo penalmente más grave matar a un carabinero que a un civil.

Y el INDH no vela por ellos ante las agresiones sufridas por civiles, ya que su función es prevenir y reaccionar ante las violaciones a los DDHH, es decir, las cometidas por el Estado, porque posee el monopolio de la fuerza y su deber es garantizarlos. 

Ahora para quienes quieran tener una ‘fuerza de orden’ como la de Brasil, que hasta ‘ajusticie’ a los “delincuentes”, es preciso decirles que esa política lleva años en ese país y la victimización y sensación de inseguridad no ha disminuido (lo contrario), ejemplificándose esto con la cantidad de homicidios, la cual recientemente llegó a la más alta de su historia, con 30,3 muertes intencionales cada 100 mil habitantes (según el Foro Brasileño de Seguridad Pública) y con las víctimas de operativos policiales (muchas por abusos) que no paran de ir en alza, siendo 14 las personas fallecidas por acciones policiales al día durante el 2017, aumentando la cifra en un 20% con respecto al 2016.

Y de una policía como la filipina de Duterte, ni hablar, entre inocentes y no, llevan más homicidios que años de víctimas por delincuencia. 

Tampoco es justo echarle la culpa a los jueces porque haya más delincuencia y “botar a la basura todo el gran trabajo de carabineros”.

Porque es difícil hablar de “puerta giratoria” en un país de 233 personas presas por cada 100.000 habitantes (solo después de EE.UU - que tiene a 655 presos por cada 100.000 habitantes - a nivel OCDE entre los con más encarcelados según el informe World Prison Brief) y de 3.092 personas privadas de libertad siendo inocentes (cifra del año 2017).

Porque  muchos casos se desechan o terminan en absoluciones por faltas de pruebas, siendo la recolección de estas precisamente responsabilidad de carabineros y de Fiscalía, ésta última además, es la responsable de llevar los casos ante el juzgado.

Y porque finalmente, la presencia de montajes, en los cuales carabineros ha sido protagonista, siendo buen ejemplo el caso Huracán, complica todo proceso judicial. 

Esto y al sumar también por ejemplo el ‘Pacogate’, la venta ilegal de armas, las alianzas con bandas del narcotráfico, los casos de robos con intimidación, etcétera, habla de la ineficiencia y falta de compromiso de la institución (no del funcionario de verde que hace bien su trabajo) con el ‘Orden’.

Por algo desde el 2015 y durante el 2018, han dado de baja en la institución a más de 1.900 carabineros, y a más de la mitad por cometer una falta o delito. 

Con el concepto de ‘Patria’, por sobre todo en un país como este, la discusión es más compleja. Porque hay un sector numeroso (que incluye a carabineros) para quienes la patria es tradiciones impuestas (por la Iglesia, la oligarquía, gobiernos autoritarios y dictadores de turno), militarismo, recelo y hasta odio hacia el extranjero y su cultura, patrioterismo (no confundir con ‘patriotismo’, que no es chovinista) y en general, un nacionalismo unitarista que pasa por encima de las reivindicaciones históricas de pueblos originarios. 

Y es así por ejemplo, como uno ve que  las y los principales afectados de los ineficientes controles preventivos de identidad realizados por Carabineros (no más de un 5,5% de efectividad durante el 2017, además de casos de abusos policial entremedio) a inmigrantes y especialmente a quienes se ven más pobres y que más se diferencian del resto por su color de piel (afrodescendientes).

El uso discriminatorio y estigmatizante del CPI es claro, y se ve también, por ejemplo, en los 4.926 realizados en Conchalí versus los 947 llevados a cabo en Vitacura en septiembre.

Increíble por cierto, que ante tanta ineficiencia y descriterio, el año 2016 hayan decidido darles esta facultad de controlar personas sin sospechas ni necesitar causales. 

Lo que ocurre en Wallmapu no puede ser más esclarecedor de este dañino sentido de ‘patria’ de carabineros. Tratando al mapuche como enemigo, a punta de allanamientos, amenazas, golpes y escopetas.

Lamentablemente lo que le hicieron a Brandon Hernandez Huentecol, adolescente mapuche que recibió un disparo en la espalda estando reducido en el suelo y a Camilo Catrillanca, peñi asesinado con un disparo en la nuca, con montaje tras y contra él, no son casos aislados. 

Hay que reiterar una y otra vez, que el flagelo social y de origen multifactorial (causas como marginación, estigmatización, mala educación, ausencia de referentes positivos y vulneraciones en la niñez, en general) que es la delincuencia, no disminuirá con más carabineros y dándoles más facultades.

De hecho, estando en constancia su carencia formativa y de criterio, sería sumamente desastroso. Tampoco endureciendo el Código Penal, aunque sí serviría terminar definitivamente con la impunidad actual de la delincuencia ABC1. 

Estados Unidos, país que muchos nombran como ejemplo por sus políticas en seguridad, está entre lo más inseguros (121° en el Índice de Paz Global, mientras que Chile está 28°), tiene - a nivel proporcional - más homicidios intencionales que nosotros, siendo 5 por cada 100.000 habitantes el 2016, versus 3 por cada 100.000 habitantes en nuestro caso, según datos del Banco Mundial, y, entre otras cosas, y tal como se dijo antes, posee unas cifras vergonzosas de población penal. 

Ejemplos pueden ser Islandia, Portugal y Canadá, que son más seguros (1°, 4° y 6° respectivamente, según el Índice de Paz Global), con menos homicidios intencionales (0, 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente), menor población penal (37, 127, 114 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, respectivamente), y todo esto gracias a que tienen un alto Índice de Desarrollo Humano (6°, 41° y 12° en el ranking, respectivamente) menor desigualdad (1°, 54° y 57° en el mundo según el coeficiente Gini, respectivamente) y por sobretodo, por sus mayores y mejores políticas de prevención y reinserción social. 

Pero tener una eficiente y óptima fuerza de orden y seguridad, también ayudaría. Y para eso es necesaria una reforma a la institución.

Que haya una mayor rigurosidad y exigencia en las evaluaciones; una mejor formación, donde los DDHH sean fundamental; un mayor apoyo psicológico; una política de transparencia y probidad superior; sueldos más justos y que valoren el desgaste físico, psicológico y emocional; más y mejores políticas de acercamiento real e integral con la ciudadanía; y una más justa e igualitaria repartición de sus fuerzas.

En Vitacura - al 2014 - existían 496 civiles por cada carabinero, mientras que en San Bernardo eran 943 civiles por cada carabinero. Una institución de carabineros proba, comprometida con los DDHH, que defienda, que detenga la violencia (y que no la agudice), que sea cercana a la ciudadanía, que esté presente para todos/as cuando se necesite, es un aporte importante y necesario, que además por cierto, no requeriría más facultades.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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