Plebiscito Constitucional y pobreza

Cuando se habla de pobreza, se suele hacer referencia a carencias, a falta de recursos o a la insuficiencia de capacidades. Por mucho tiempo primó un enfoque reduccionista que centraba la mirada en los aspectos materiales y que traducía las necesidades básicas insatisfechas a una medida monetaria: la línea de ingresos. Bajo esa línea se clasifica como pobre y sobre ella, como no-pobre.

La idea de pobreza relativa, que apunta a que la situación de pobreza es parte de un proceso relacional respecto de los estándares de bienestar que una sociedad considera aceptables; o la idea de pobreza subjetiva, que observa la percepción de las personas sobre su situación, más allá de los ingresos que perciban, fueron aspectos considerados secundarios frente al dominio de la mirada monetaria unidimensional.

Pero con el tiempo, fueron cobrando fuerza dos aproximaciones hoy ineludibles. Por un lado, la pobreza multidimensional, entendida como una situación que, junto con el nivel de ingresos que se perciba, incluye el acceso a educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social (estas son las dimensiones que mide desde el año 2015 la Encuesta CASEN). Es decir, un enfoque más amplio y complejo, que asume que la calidad de vida se juega en diversos ámbitos.

En sintonía con lo multidimensional, la segunda aproximación que ha ganado terreno es la que plantea como aspecto central la idea de libertades, desarrollo humano y bienestar.

La pobreza es, en último término, el déficit de capacidades o condiciones que permitan el ejercicio de la libertad y una adecuada integración o participación en la sociedad. En definitiva, cuando no hay condiciones, soportes o elementos que permitan a las personas desplegar sus proyectos de vida, sean cuales sean estos, hay pobreza. La participación en los procesos públicos, el reconocimiento en dignidad y derechos, el respeto, son todos aspectos relevantes a la hora de hablar de pobreza.

 Los resultados preliminares de la Encuesta a población en situación de pobreza de la RM, llevada a cabo por la UCSH, indican que las prioridades de ese segmento de la población son salud, educación, pensiones y trabajo.

Todos ellos con el apellido “de calidad”. Todos son importantes para lograr una mejor calidad de vida, y lo interesante es que plantean la necesidad de una combinación virtuosa entre los primeros tres, que debieran garantizarse sin que dependan de los ingresos familiares, y el último, que con condiciones laborales adecuadas, permitan que el esfuerzo sea retribuido de manera justa.

El Chile de hoy nos plantea grandes desafíos en relación a estos enfoques. Que la mirada de la pobreza en clave monetaria sea predominante, habla en principio de un sesgo economicista-reduccionista, pero también, lamentablemente, de una construcción de sociedad orientada a que efectivamente en la práctica sean los ingresos que perciben las personas los que definen sus posibilidades de vida. Es decir, aquellas otras dimensiones, educación, salud, vivienda y entorno, redes, etc., dependen en buena parte de los ingresos y no de los soportes y marcos institucionales que la sociedad es capaz de construir colectivamente.

Ello nos lleva a preguntarnos por la capacidad que como sociedad tenemos para facilitar y promover que las personas cuenten con las condiciones y capacidades adecuadas para ejercer sus derechos y su libertad en un marco de bienestar deseado, y que eso no dependa del bolsillo de cada familia.

Probablemente, una nueva Constitución no aumente en el corto plazo los ingresos de las personas, pero sí es probable que permita avanzar a que en el mediano plazo no sean los ingresos los que determinen de modo exclusivo el nivel de bienestar y las posibilidades de las personas para ejercer sus derechos y sus proyectos vitales, así como su nivel de reconocimiento, participación y respeto.

Por poner solo un ejemplo, si se cambia el principio de Estado subsidiario (donde el Estado promueve que el mercado se expanda lo más posible, e invierte ahí donde al mercado no le interesa) y se pasa al Estado social (donde el Estado asume el rol de garante de derechos sociales y promueve el bienestar general de la población, donde salud, educación, etc. son ámbitos entendidos como relevantes para el desarrollo integral general, y no como lucrativos negocios), la Constitución sí se transforma en algo de la mayor relevancia para reducir la pobreza. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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