Plebiscito nacional por la educación chilena

La reciente destitución de su cargo del Ministro de Educación Joaquín Lavín es un triunfo que ya a esta altura puede atesorar el Movimiento Secundario y Universitario por la Educación.

Sin embargo, ni esta salida a medias ni los anuncios más bien vagos del Presidente Piñera en su propuesta GANE representa el comienzo de un cambio estructural que siente las bases del nuevo sistema de Educación que Chile necesita y exige: un sistema que sea a la vez la base de nuestra democracia, la clave para superar las desigualdades, y el motor para el desarrollo individual, social y nacional.

Ni el actual ejecutivo —que insiste en entender la Educación como un “bien de consumo” según lo declarado por el Presidente esta semana— ni el Parlamento —artificialmente empatado y con crisis de legitimidad debido a la baja inscripción electoral, el binominal y las últimas designaciones de senadores por la UDI—, son los espacios de discusión y decisión que pueden dotar de representatividad y validación social a un acuerdo nacional en torno al sistema educacional para el Chile del Siglo XXI. Ello supone el reemplazo del actual modelo, cuyas bases en todos los niveles fueron impuestas al país por la fuerza.

Un acuerdo de ese tipo requiere, como condición necesaria, incorporar al gran actor que ha emergido en estos meses: la ciudadanía consciente de que ella es la base del pacto democrático y del pacto social.

Una ciudadanía que exige ser escuchada e incorporada y que exige a la vez medidas redistributivas reales.

No aprovechar la actual expresión de voluntad y de fuerza ciudadana para tener avances sustantivos en los cambios estructurales que el país necesita sería una pérdida que prolongaría los problemas por todos conocidos.

En ese marco, una propuesta que podría constituir un primer paso en un itinerario de reformas es el Plebiscito Nacional por la Educación.

¿Qué plebiscitar y cómo hacerlo?

Concebimos este Plebiscito como un momento donde la ciudadanía es convocada a pronunciarse sobre un número limitado de preguntas que abordarían los principios orientadores y las características esenciales de los sistemas de educación pre-básica, básica, media y superior.

Los resultados del Plebiscito constituirán las bases de la Reforma a la Educación Chilena, expresada a través de posibles reformas constitucionales y nuevas leyes, decretos, reglamentos y políticas.

Para realizar una consulta de estas características se debe constituir una Comisión Organizadora del Plebiscito. Su misión sería, en un plazo de pocos meses, elaborar y definir los temas fundamentales a dirimir, aprobar o rechazar en la consulta.

Lo anterior en base a todos los documentos y propuestas existentes, emanados de Consejos, mesas, debates y movilizaciones, anteriores y actuales (como el Consejo Asesor Presidencial 2006 o las Bases para una nueva Institucionalidad en ESUP del Senado de la Universidad de Chile, por citar dos ejemplos).

La composición de esta Comisión debe representar a los actores involucrados: Rectores de universidades estatales y privadas, CONFECH, estudiantes secundarios, estudiantes de universidades privadas, profesores, representantes elegidos de estudiantes de CFTs e IPs, Asociación de Municipalidades, Centros de investigación como el CIAE, el CEPPE y el CEP, ONGs como Educación 2020, entre otras.

Es jurídicamente posible, a pesar de que la Constitución chilena contempla el plebiscito de forma en extremo restringida.

Existen antecedentes de realización de elecciones no contempladas en la Constitución (como las primarias presidenciales, de alcance nacional), por lo que realizar este Plebiscito -como un proceso serio y riguroso, de alcance nacional, con un voto por persona, secreto e informado-, es un tema de voluntad política y no depende necesariamente de una reforma constitucional.

A raíz de este gran movimiento se han presentado, en los últimos quince días, dos proyectos de reforma que buscan introducir el plebiscito al texto constitucional, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse sobre temas de interés general. Sería un avance importante que fueran considerados y la Constitución incorporara estos mecanismos de democracia directa, ampliamente utilizados en el mundo.

Compartimos hace ya demasiado tiempo el diagnóstico sobre la crisis del sistema educacional chileno, acerca de su insuficiente financiamiento y regulación y promoción de la calidad en todos los niveles y para todos nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, persisten diferentes posiciones sobre cómo debemos avanzar.

El Plebiscito permitiría enfrentar esas visiones en un verdadero proceso deliberativo y enfocaría la movilización y las energías a la elaboración de propuestas, su fundamentación y divulgación. Se pasaría a un estado rico y fructífero de confrontación legítima de ideas y de visiones expresadas en alternativas de futuro.

El Plebiscito por la Educación sería un proceso educativo en sí mismo, y podría señalar el inicio de una nueva etapa en nuestra democracia: avanzando de la mera representatividad y la exclusión a la participación real, la inclusión y el ejercicio responsable de la ciudadanía.