Política indígena pública en dos años de gobierno

Domingo Namuncura

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Para los Pueblos Indígenas (PPII) de Chile ya es un lugar común el hecho de que la política indígena gubernamental, desde fines del gobierno del presidente Lagos camina por una carretera conocida: cada gobierno que asume convoca a "diálogos nacionales", aumenta la inversión pública (justa y necesaria) para reforzar los subsidios estatales destinados a comunidades y se constituyen "comisiones presidenciales" para abordar los temas principales. Cada gobierno formula anuncios institucionales relevantes -cumplidos en general-, pero en el caso principal de una institución rectora de política indígena, como es el ministerio indígena, esto se deja de lado en el camino a pesar de importantes anuncios de llevarlo a cabo. No es de extrañar entonces que los PPII estén acostumbrados a estos "hitos" y los asumen con estoicismo.

Desde la instalación del Pacto de Nueva imperial en 1989, hace ya 35 años, para los PPII el nudo central de las relaciones entre Estado, gobierno y PPII, y particularmente con el pueblo mapuche, pasa por la restitución de tierras. El informe de la Comisión Verdad histórica y nuevo Trato de 2004 lo dejó claramente establecido y la idea de que el conflicto Estado-pueblo mapuche, principalmente, pasa por un nuevo tipo de pacto social y político, es escuchada y conocida, pero los gobiernos en general hacen como que les importa y en la práctica dejan el tema entregado a nuevas comisiones presidenciales y a la tarea de nuevos diálogos cada vez, cuando asume otro gobierno. Este círculo que da vueltas de gobierno en gobierno se mantiene en la actualidad.

Con motivo del estallido social de 2019 y del Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, del 15 de noviembre de ese año, se abrieron las puertas para incorporar en el debate nacional constituyente la ya antigua demanda de reconocimiento constitucional de los PPII, negado sistemáticamente por el mundo conservador. Dicho reconocimiento siempre ha sido considerado como fundamental para avanzar en la solución del conflicto de tierras. Pero la derrota del apruebo en septiembre, y el retroceso a fojas cero del segundo plebiscito de 2023, dejó a los PPII en un nuevo compás de espera, quizás por varios años más.

Esto redunda en el hecho de que la política indígena gubernamental está dispersa. El presidente Lagos y la presidenta Bachelet comprendieron muy a tiempo la importancia de un reordenamiento. Ambos presidentes constituyeron entonces mediante decretos presidenciales grupos de trabajo y comisiones presidenciales de asuntos indígenas con todas las facultades del caso y gracias a esas decisiones, tomadas a tiempo, en los primeros meses de gobierno se logró avanzar en las propuestas del Informe de Verdad y Nuevo Trato y se sentaron las bases de una política gubernamental que luego permitieron a la presidenta Bachelet convocar entre los años 2016-2017 la consulta nacional constituyente indígena, con lo cual puso en trámite legislativo la creación del ministerio indígena y del consejo nacional de los pueblos en enero de 2018. Estos gobiernos son los que permitieron una destacada continuidad a los esfuerzos que el presidente Aylwin estableció luego del Pacto de Nueva Imperial con la creación de la CEPI y el logro histórico de la Ley Indígena 19.253 y luego de la Ley Lafquenche 20.249, aprobada durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet.

También es importante señalar que en el primer gobierno de la presidenta el Estado de Chile suscribió la Declaración Universal de Derechos Indígenas de Naciones Unidas y meses más tarde, en marzo de 2008, logró ratificar en el Congreso el Convenio 169 de la OIT, hoy ley de la República. Estamos hablando de hitos políticos e históricos de la mayor relevancia.

Durante los dos períodos de gobiernos conservadores con el presidente Piñera no existen hitos de esta magnitud. Más bien hubo retrocesos importantes, como en el caso de la disminución de los indicadores de compra de tierras y por tanto de afectación de la Ley Indígena. En el año 2021 se tenía una gran expectativa en los alcances de la política indígena gubernamental con el advenimiento del gobierno del Presidente Boric y en particular así quedó establecido en el primer discurso a la nación en el Congreso, el 1 de junio del 2022.

Concluido el 50% del período del gobierno actual, las posibilidades de remontar una política indígena gubernamental sustantiva dependerán, nuevamente, del factor voluntad política y especialmente de los resultados de la Comisión de Paz y Entendimiento. Mientras tanto, en un esfuerzo importante, el Gobierno ha aumentado los recursos financieros para subsidiar y fortalecer la política pública indígena descrita en el plan del "Buen Vivir". El principio deriva del ancestral valor del Kümen Möngen (un buen vivir) que en realidad dice relación con la relación entre las personas y la naturaleza y la tarea y deber de cuidar y hacer preservar la naturaleza.

La política pública indígena hoy se expresa en más recursos para asuntos cotidianos de la vida en comunidades. Este objetivo todos los gobiernos los han cumplido, pero nunca han sido los objetivos sustantivos para resolver el nudo principal del conflicto Estado-pueblo mapuche y sociedad: ese nudo se llama "restitución de tierras" y sobre aquello diversas comisiones presidenciales precedentes y numerosos informes tanto de gobierno como de entidades privadas han señalado claramente en qué consiste. Y entonces la pregunta de fondo podría ser: ¿Por qué no se ha avanzado?

En dos años de gobierno liderado por el Presidente Boric podemos señalar que el hito más importante es la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento. Pero sus resultados estarían previstos para enero de 2025, es decir, a menos de un año de un cambio de gobierno. Por tanto, habrán transcurridos tres de cuatro años sin avances relevantes en la solución del conflicto central. No obstante, y aunque ya no hay más tiempo útil por delante, todavía resta espacio para cumplir los compromisos contraídos, entre otros, crear el ministerio indígena y realizar de inmediato el reordenamiento de la política indígena a nivel de gobierno y de Estado y propiciar que la Comisión de Paz y entendimiento se aboque a proponer lo más pronto posible las tareas que permitan destrabar el nudo central del conflicto Estado-pueblo mapuche. Todo esto es posible con voluntad política y acierto. El tema es que el tiempo corre muy aceleradamente.