Primera cuenta pública, por segunda vez

Ocho años después de que la entonces primera Presidenta elegida en Chile en los dos siglos de historia de nuestro país, rindiera su primera Cuenta Pública, es bastante lo que ha cambiado.Crecientes demandas ciudadanas por derechos universales y participación en las decisiones públicas han tenido eco en las agendas y debates que hoy tienen lugar, y lo que la ciudadanía espera de sus autoridades y representantes es bastante más que antes.

Ocho años después se espera que la Presidenta se refiera a cómo impulsará uno de sus principales compromisos, una nueva Constitución para Chile. Una Constitución orientada a la protección de los derechos de las personas y formulada desde la ciudadanía.

En el nuevo orden institucional que la Mandataria anunciará, los derechos de las mujeres son centrales, como indica el Programa de Gobierno. Despenalización del aborto al menos en determinadas causales, derechos sexuales y reproductivos, paridad en la participación política, protección frente a la violencia, igualdad de derechos en las relaciones familiares, incluyendo la retrasada reforma a la sociedad conyugal, acceso al trabajo en condiciones de justicia y seguridad social, entre las principales medidas.

Pero también derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues carecemos de una Ley integral de protección de la infancia y de la institucionalidad adecuada. Derechos de mujeres y hombres migrantes y derechos de los pueblos indígenas, en especial al territorio, agua y derechos de participación.

Debiera la Presidenta orientar sobre el próximo debate del matrimonio igualitario, además del acuerdo de vida en pareja que el Presidente Piñera impulsó. Ello sin omitir el compromiso del Gobierno y de sus parlamentarios con un estatuto jurídico para los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, pues son miles las familias que merecen y requieren ser reconocidas y protegidas jurídicamente como las familias que son.

La Defensoría de las Personas ya fue planteada en su previa administración y sigue pendiente en el Parlamento. Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos que el Gobierno anterior propuso requiere de recursos suficientes y amplias atribuciones para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, además de la reparación de las violaciones.

También debe retomar la Presidenta la dilatada reforma a la Justicia Militar y tipificar la tortura, que también en democracia es cometida por agentes del Estado.

Volver a impulsar el debate para consagrar la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar, asegurar el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y la sanción de los responsables, garantías de no repetición y la plena reparación de las víctimas, especialmente de las mujeres sometidas a violencia sexual.

La Presidenta refrendará su compromiso con la reforma educacional y el financiamiento que requiere la educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile. Y también el compromiso de su Gobierno con las reformas políticas y electorales que permitan la representación equilibrada de las distintas fuerzas políticas existentes en el país y aseguren que tanto hombres como mujeres puedan participar y que las mujeres contarán con el financiamiento especial que requieren para revertir la histórica exclusión.

Cuatro años es un período breve por lo que se esperan anuncios claros y tiempos precisos. La deuda que en materia de derechos humanos y democracia el país mantiene se arrastra por demasiado tiempo, como los organismos internacionales desde hace años vienen señalando, y es obligación de las autoridades revertirla, en representación de ciudadanos y ciudadanas.