Privatización, desigualdad e interés nacional

Las renacidas reivindicaciones sociales, el cuestionamiento del régimen constitucionalista de la dictadura y la decadencia de la ideología neoliberal como legitimadora del orden económico nacional, constituyen puntos relevantes de la discusión sobre las ideas acerca del Estado que nos ha dejado la campaña presidencial.

El movimiento estudiantil puso en cuestión el modelo imperante y dejó de participar de la creencia generaliza en la superioridad del sector privado, del culto a la privatización y en particular de la educación privada, que reproduce las desigualdades del sistema. Aunque esta suerte de dogma fue la tónica general desde 1985 hasta las protestas del 2011.

Esta verdadera cultura privatizadora tuvo como resultado una concentración de la riqueza a niveles inéditos.La euforia por el buen desempeño de los privados comenzó cuando el Estado de Chile -durante la dictadura militar- se fue desmontando casi en secreto para beneficio de un puñado de empresarios y accionistas vinculados al régimen.

En 20 años, los gobiernos concertacionistas fueron controlados por una corriente transversal de opinión e intereses, en torno a la eficiencia del sector privado en todos los sectores de la economía. Algunos presidentes incluso fueron más allá en el proceso privatizador que la propia dictadura y acometieron la privatización del agua.

Después del 2011, se ha propagado una evidencia simple: la única razón para que los inversores privados estuvieran dispuestos a adquirir bienes públicos que en apariencia eran ineficientes, es que el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo.Es decir, ganancia segura y no poca. Tanto así, que es la principal causa de la desigualdad dominante.

Su influencia en la política ha sido decisiva porque la privatización y su cultura lograron quitar competencias y responsabilidades al Estado, buscando debilitar su posición.

De partida, lo han hecho renunciar a la obligación de proveer bienes y servicios que son de interés público. El objetivo a lograr era que el Estado se volviera irrelevante en la vida de las personas. Esto se ha representado en el alto grado de abstencionismo en las últimas elecciones generales.

Como se ha demostrado en las protestas y el abstencionismo, el dominio del cálculo económico en la vida pública tiene como resultado una subordinación disconforme.

Esta disconformidad estalla recurrentemente bajo la forma de protesta violenta, porque en realidad, la sociedad que hemos construido en lo único que vincula al ciudadano con el Estado es a través de la autoridad y la obediencia. Con ello, la condición de lo público se empobrece de tal manera, que solo se corresponde con el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, nuestros jóvenes no parece que puedan seguir creyendo en el relato neoliberal que prometía -especialmente a la clase media- que sus intereses serían mejor servidos por los mercados, cada vez más grandes y libres, y un Estado cada vez más pequeño y restringido.

Lo que no ha quedado claro hasta ahora es por qué un gobierno democrático, que traslada responsabilidades públicas al sector privado y las deja al capricho del mercado, está haciendo realmente algo positivo por las personas.

Lo que en realidad está haciendo es otorgando poder a los ricos y quitándole capacidad a los ciudadanos. La previsión social chilena es el ejemplo más paradigmático.Pero como Keynes pensaba, el capitalismo no puede sobrevivir si sólo se limita a proporcionar a los ricos los medios para hacerse más ricos.

En consecuencia, no importa lo rico que sea un país, sino lo desigual que es. La diferencia es que ahora existe una amplia mayoría que postula una vuelta a la cuestión social. Lo que está en juego es la variedad del capitalismo nacional, ya que el actual es incompatible con un Estado más democrático, y también insuficiente para que los gobiernos puedan ayudar a todos sus ciudadanos a adaptarse a los cambios.

Lo que se busca es revalidar la supremacía de la política democrática por sobre la economía y la acción del gobierno legítimo, una expresión del interés público.

Por ello, el interés nacional de Chile debe ser redefinido en forma más inclusiva que la sola promoción de mercados para un grupo reducido de coterráneos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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