Probablemente, para los consejeros constitucionales viene la etapa más difícil de este proceso constitucional. Es la de las convicciones de que el trabajo se hizo bien o mal, y que fruto de aquello resultó, o no, un texto que parece razonable y bueno para el país y su futuro. Entendiblemente, entre el ajetreo diario de las comisiones, plenos y diálogos formales e informales, los representantes de la ciudadanía muchas veces no han podido mirar el texto final con un sentido de pertenencia y mucho menos informar a sus distritos sobre el trabajo realizado, cosa que podría cambiar en estos días finales de trabajo.
Entonces, lo que suceda en esta etapa y que involucre a los consejeros constitucionales no es baladí. Pues, es importante destacar que son ellos, y no la Comisión Experta, la columna vertebral por la cual pasa el proceso y quienes tendrán la última palabra. Es dable recordar que el poder soberano radica en ellos, al ser los mandatados por la ciudadanía para discutir, modificar y aprobar las normas constitucionales que nos regirían como país si se aprueban en el plebiscito de diciembre.
Entonces, la pregunta es ¿qué van a hacer? Si observamos el proceso pasado, en ese entonces la mayoría de los llamados convencionales tuvieron disímiles posturas, algunas profundamente a favor de la Carta Magna que garantizaba a fuego constitucional la plurinacionalidad de Chile, la eliminación del Senado, sistemas de justicia paralelos, entre otras cosas. Así, realizaron un despliegue total para informar o llamar a leer la propuesta, la que terminó siendo rechazada de manera lapidaria en el plebiscito de salida.
Ahora bien, el quid de la cuestión no es el proceso pasado sino el actual, y estando a casi dos semanas de que venza el plazo para entregar el borrador final (el 7 de noviembre es la fecha límite), a mi juicio, hay dos incógnitas que los consejeros constitucionales deben enfrentar. La primera de ellas es que el bloque oficialista está esperando a que los partidos políticos se alineen con el "a favor" o el "en contra" de la propuesta. Cosa rara, ¿acaso ellos no tienen voz propia en torno al trabajo que realizaron? ¿Cuál es esa voz, más allá del slogan politiquero?
La segunda incógnita dice relación con el despliegue territorial de los consejeros posterior al 7 de noviembre. Habiéndose disuelto el consejo y con ello el poder soberano que tenían, es obvio que no se disuelve el conocimiento acumulado. Por lo mismo ¿irán ellos a explicar a sus votantes de que se trata el texto? Si es así, sería importante -como una forma de transparencia y control democrático- saber cómo abordarán esta tarea, si de manera individual o alineados con los partidos políticos. Pues como dice el dicho: "Dime con quién andas y te diré quién eres".
Para finalizar, y más allá de las interrogantes planteadas, una reflexión. Los consejeros deben dar cada paso con mucha inteligencia hasta el final. Si lo anterior ocurre, este proceso que nació pulcro y que se ha mantenido así, terminará de la misma manera: virtuosamente pulcro. Y es que, independiente de los resultados, la forma de trabajo del Consejo Constitucional se podría convertir en la vara que mida las formas de trabajar en política. Ninguna ofensa personal, funa virtual por cómo votó tal o cual norma, ni arrinconamientos públicos en la calle he escuchado o visto en este segundo proceso; y eso es en extremo rescatable en el Chile presente y ojalá sea considerado por todos nosotros como una lección cívica de cómo se trabaja en serio.
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