¿Qué camino seguir?
El acuerdo político del 15 de noviembre del 2019 que posibilitó el proceso constituyente, a través de una reforma constitucional apoyada con un respaldo superior a los 2/3 del quórum exigido hasta entonces en el Congreso Nacional, tuvo la capacidad de abrir un camino que diera respuesta a la crisis política generada por el estallido social de octubre-noviembre de ese año. Ese fue su mérito histórico.
Sin embargo, no se puso en el caso que el texto propuesto por la Convención Constitucional fuera rechazado en el plebiscito "de salida", sólo quedó establecido que la actual Constitución seguía vigente. Hoy es evidente que esa opción es insuficiente. Incluso, contradice las normas que el mismo acuerdo del 15 de noviembre otorgó al plebiscito "de entrada", de octubre de 2020, al crear el mandato esencial del proceso constituyente, vale decir, proponer al país una nueva Constitución.
Esta realidad genera una muy delicada responsabilidad en las fuerzas políticas, que ahora deben proponer al país un camino a seguir. Esto significa que se construya un pacto político, con entera transparencia y suficiente base de apoyo social, político e institucional para avanzar en la generación de un proceso constituyente que tenga la capacidad de asumir la redacción de un texto constitucional que esta vez sí logre agrupar una mayoría nacional que lo apruebe.
Por esa razón, los partidos con representación parlamentaria han estado dialogando, convocados por los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional. No todos han concurrido con la misma posición y para desprestigiar el diálogo algunos critican lo que llaman "cocina", o sea, hay diferencias de fondo porque hay grupos que, no obstante su reciente formación, expresan un gran conservadurismo y prefieren la perpetuación de la Constitución del '80. Aun así, el diálogo entre los partidos de tradición democrática ha sido relevante.
Las fuerzas políticas han visto severamente mermadas tanto su convocatoria como su legitimidad frente a la sociedad, sin embargo, su rol de orientación del proceso social y político, así como su deber en la conducción del Estado, son irremplazables.
En tal sentido, el rol que tienen los partidos de mayor tradición y experiencia política e institucional es sumamente importante, lograr una propuesta que reponga el proceso constituyente, concordando los criterios que entreguen la necesaria legitimidad y viabilidad a dicho objetivo. La responsabilidad política que asumen es enorme, de auténtico alcance histórico.
De modo especial, los partidos de la izquierda chilena deben actuar en correspondencia con lo mejor de la tradición allendista, es decir, situando siempre el interés nacional como cuestión primordial a proteger y desarrollar en la acción política. Hay que lograr establecer una ruta y actuar de conjunto, si no es así prevalecerán las fuerzas centrífugas y se impondrá la dispersión política y social. Esa es la clave y el gran desafío del sistema político, definir un camino hacia una nueva Constitución, así se hará posible la gobernabilidad democrática que abra paso a reformas sociales con estabilidad institucional.
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