¿Qué debe hacer Bachelet en favor de las mujeres?

Cuando resta un mes para el inicio del nuevo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, no faltará quien lo evalúe como expresión de la mejor situación de las chilenas, a pesar que los datos duros nos hablan más bien de avances magros, al compararnos con sociedades avanzadas y también con países de América Latina.

Por tanto, sí es momento propicio para hacer un recuento respecto a las tareas pendientes del estado chileno respecto a las profundas inequidades que viven las chilenas y, de esta manera, enfrentar así una de las expresiones más evidentes de la desigualdad existente en nuestro país.

A pesar que el debate sobre la desigualdad en Chile se ha centrado fundamentalmente en la disparidad de los ingresos, incluso en este marco, son las mujeres las que viven una situación más desventajada y así ocurre cuando observamos cualquier grupo humano, el de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de quienes tienen distinta condición sexual, de los jóvenes, etc.

En cuanto a representación política femenina, Chile presenta una de las tasas más bajas de participación de las mujeres en cargos de elección popular si se le compara con países de la OCDE (26%) y con los de América Latina (23%).

Por tanto, y a pesar que las mujeres constituyen la mitad de la población y electorado, sus necesidades e intereses específicos – muchas veces vinculados al cuidado de la familia y al peso de las tareas domésticas –no están lo suficientemente representados en las políticas públicas.

Para ello se requiere avanzar en medidas especiales para acelerar la igualdad de facto como podrían ser las políticas de cuotas u otras medidas de acción positiva, tal como Chile se comprometió al suscribir la CEDAW.

En materia de incorporación de las mujeres a la fuerza laboral remunerada, si bien la participación laboral ha ido en aumento en los últimos años (47%), sigue siendo inferior a lo que ocurre en América Latina (53%).

A esta insuficiente mejora, hay que señalar la deficiente calidad del empleo femenino expresado en ocupaciones separadas según sexo; cargos con menor jerarquía, con menores responsabilidades y salarios; menor sueldo por por igual trabajo; contratos más precarios, etc.

Y aunque se inserten en el trabajo remunerado, las mujeres ejercen aún el rol reproductivo, entendido éste como el de la realización casi de forma exclusiva de las tareas domésticas, dedicación a la crianza y el cuidado de los hijos y familiares e incluso el de atender los afectos al interior de la familia.

Este trabajo queda excluido de la esfera económica, no tiene regulación económica, por lo que plantea al estado el desafío de reevaluar el campo del cuidado, de interiorizar a los hombres de su responsabilidad y de que desarrollen destrezas y habilidades en el ámbito doméstico.

Sí, el Estado chileno se ha abocado a que las mujeres se incorporen al trabajo productivo, pero no ha ocurrido lo mismo respecto al rol de los varones en el espacio privado.

Algunas políticas públicas que pudieran contribuir en este sentido son los permisos parentales exclusivos para los hombres progenitores para el cuidado de sus hijos e hijas; la extensión del beneficio de la sala cuna sin considerar el sexo del trabajador (a); políticas integrales de cuidado, campañas públicas de promoción del reparto de tareas o talleres formativos en tareas domésticas dirigidos a hombres.

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, Chile posee una legislación que criminaliza totalmente el aborto ejerciendo de esta manera el total control sobre los cuerpos de las mujeres.

De esta manera, desde el Estado se niega su derecho a la libre disposición de su cuerpo, a determinar cuántos hijos e hijas desea tener y en definitiva, a trazar su propio plan de vida. Tal como establecen las recomendaciones de organismos internacionales hacia nuestro país, se requiere que al menos se despenalice el aborto cuando corre peligro la vida de la madre, por inviabilidad del feto con la vida y en caso de violación.

El Estado tiene además el desafío de enfrentar de manera integral la violencia que sufren las mujeres por razón de su sexo, ya sea la física y psicológica ejercida por pololos, parejas o ex parejas, así como el acoso y la violencia sexual.

Estas son manifestaciones de quienes consideran a las mujeres como ciudadanas de segunda, carentes de derechos y capacidad de decisión y finalmente, como objetos a disposición del placer y poder masculinos.

Para ello, se hace urgente una Ley Integral contra la Violencia de Género que sancione por ejemplo, la apología o la defensa a este tipo de violencia, que promueva la igualdad y dignidad de las mujeres en los medios y la publicidad, que facilite la inserción económica de las víctimas de violencia, entre otros aspectos.

Es nada menos que la tercera parte de las chilenas que reconocen haber sido víctima de violencia física, sexual o psicológica, según cada una de las encuestas que se han realizado en Chile sobre esta materia.

Finalmente y retomando el debate existente en nuestro país sobre la disparidad en ingresos, cabe enfrentar en esta nueva administración lo que significa la reproducción de la pobreza femenina debido a las altas tasas de embarazo adolescente, una de las principales causas de deserción escolar de nuestras niñas y adolescentes.

Todas estos desafíos deberá enfrentar el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet para avanzar en lo que constituye uno de los ejes de su programa como es el de enfrentar la desigualdad de género en nuestro país.

Sin duda, las miles de mujeres que se movilizaron en su campaña de norte a sur confían en que así lo hará.