Qué hacer

Manuel Riesco

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El pueblo de Chile se ha manifestado categóricamente en contra de la propuesta constitucional que esta vez surgió de un acuerdo impulsado por el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria con una sola excepción. Nació muerta.

El pueblo se manifestó en su contra desde el primer momento, votando masivamente en la elección de consejeros constitucionales por el único partido que no firmó el acuerdo que le dio origen. Éste se creyó el cuento y redactó una propuesta a su pinta. Ahora se ha votado categóricamente en contra, a pesar de la millonaria operación propagandística que intentó convencer de apoyarla.

El pueblo ha expresado una vez más su justa indignación contra el sistema político en su conjunto. Misma que manifestó en su épica irrupción en el espacio político el 18 de octubre de 2019, el 18-O. Misma que ha venido reiterando de modo creciente en las 19 elecciones nacionales celebradas desde entonces.

La irrupción popular se ha sostenido a través de una pandemia sin precedentes, que contagió a más de un cuarto de la población y costó la vida a más de 60 mil compatriotas. Fue superada principalmente por la misma capacidad de organización, determinación y disciplina, emocionantes, que el pueblo ha manifestado en cada una de sus masivas irrupciones recientes en política.

Este categórico resultado pone una vez más en evidencia el gran desafío que enfrenta Chile: superar la crisis política nacional en que se debate desde el 18-O. Es decir, relegitimar ante el pueblo la autoridad del régimen democrático.

¿Qué hacer para lograrlo? Desde luego no seguir porfiando en buscar consensos con los poderosos intereses que vienen abusando del pueblo desde el 11 de septiembre de 1973. Ese camino pudo ser aceptable, incluso acertado, durante los años de calma chicha en la actividad política popular masiva. Como siempre ocurre naturalmente, ésta se tomó un largo respiro tras batallar heroicamente en todos los terrenos durante una década hasta acabar con la dictadura.

Pero ese camino resulta profundamente equivocado y estéril en la situación actual de nueva crisis política nacional y extendida indignación popular. Esta se ha generado precisamente por la incapacidad del sistema democrático de intentar siquiera acabar con los grandes abusos. La incapacidad de una autoridad deslegitimada la inhabilita asimismo, inevitablemente, para lidiar con otros abusos cotidianos como la delincuencia común. Y casi con cualquier cosa. Incluido nada menos que reactivar la economía y proteger el empleo, hoy amenazados seriamente por políticas exageradamente contractivas implementadas por autoridades burocráticas cooptadas por la industria financiera, que se mandan solas.

Porfiar en más de lo mismo, sin considerar el ciclo en el estado de ánimo del pueblo, es lo que la ciencia política clásica define como cretinismo político. Sólo agudiza la crisis política y la indignación del pueblo. Así lo demuestra de modo palmario el proceso que culmina, surgido de un acuerdo parlamentario a sus espaldas. Los partidos de la alianza de gobierno se equivocarán nuevamente si persisten, como insinúan en declaraciones posteriores al plebiscito, en su porfía de buscar acuerdos parlamentarios que en los hechos mantienen y agravan estos abusos. Este intento de un Parlamento deslegitimado por imponer una Constitución a su medida nunca debió iniciarse. Nada bueno podía resultar del mismo, como ha quedado demostrado.

Por el contrario, para resolver la crisis política nacional parece imperioso que las fuerzas políticas democráticas y progresistas consideren extender y profundizar al conjunto de su accionar su acertada decisión de votar En Contra en este plebiscito que ellas mismas contribuyeron a gestar. El acuerdo de dichas fuerzas de enfrentar unidas las elecciones municipales venideras es asimismo un importante paso en la dirección acertada.

La coalición política democrática y progresista que se ha reconformado para votar En Contra se debe afiatar y pasar a la ofensiva. Es la coalición democrática más amplia de la historia de Chile. Es la que se forjó el mismo 11 de septiembre de 1973 sobre el trasfondo de La Moneda en llamas. La que resistió desde el primer día, luchó en todas las formas y derrotó a la dictadura. Es la coalición que eligió a todos los presidentes progresistas que han gobernado desde entonces. Dicha coalición controla hoy el Poder Ejecutivo, la mitad del Parlamento y la mayoría de los gobiernos regionales y locales. Es la que está llamada a ponerse de pie y conducir unida la justa indignación del pueblo para realizar las reformas necesarias o al menos convencerlo de su decisión de realizarlas.

Los grandes abusos que vienen desde el 11 de septiembre de 1973 son bien evidentes, todo el mundo los conoce así como también, con nombre y apellido, a los poderosos intereses que pretenden la demencia de perpetuarlos por la fuerza. Siguiendo el orden de magnitud de los recursos usurpados, el mayor abuso es que un puñado de grandes empresas se ha apropiado sin pagar un peso de recursos naturales que pertenecen al pueblo y la nación. El valor de lo que extraen anualmente sólo en el caso del más importante, el cobre, equivale a la mitad de los ingresos totales del Estado.

El segundo mayor abuso son las "atípicas transferencias forzosas al sector privado", como califica un reciente informe de la OCDE acerca del sistema tributario chileno, el desvío al sistema financiero privado, que los destina principalmente a financiar negocios de grandes empresarios, de contribuciones salariales a la seguridad social en previsión y salud, así como buena parte del presupuesto de educación. Estas transferencias forzosas en conjunto equivalen a más de un quinto de los ingresos totales del Estado.

El Ejecutivo tiene atribuciones para corregir estos abusos, hoy día, en forma significativa. O al menos manifestar claramente ante el pueblo su disposición a acabarlos. Para ello tiene que de verdad "sintonizar con el Chile real", como acertadamente propone la declaración de partidos de gobierno antes referida. Por ejemplo, puede recuperar hoy el litio del Salar de Atacama, contratando su explotación en forma exclusiva con Codelco, a partir del vencimiento de los arriendos actuales. Puede retirar su reforma de pensiones, que no aborda el abuso de fondo sino lo agrava y aun así está estancada en el Parlamento, y reemplazarla por una ley corta que autorice a los afiliados AFP a cambiarse al IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras, y retirando el saldo del fondo AFP. Ello de paso mejora las cuentas fiscales en una medida mucho mayor que el así llamado "pacto fiscal", que tampoco tiene destino aunque le cambien nombre y hagan aún más concesiones.

Puede habilitar a Fonasa para recibir a todas las personas aún afiliadas a isapres, manteniendo iguales cobros y prestaciones, protegiendo así a usuarios y prestadores en lugar de las isapre. Puede condonar en los hechos el CAE y acabar con este nefasto instrumento tal como fue creado, por vía presupuestaria. Puede ayudar a nivelar la cancha entre los medios de comunicación cumpliendo los fallos que obligan al Estado a indemnizar a los auténticos propietarios del expropiado diario Clarín. Puede reactivar la economía impulsando políticas monetarias y fiscales expansivas.

Una autoridad que pretenda legitimarse debe enfrentar resueltamente a los poderosos para evitar que abusen del pueblo. Esa es la base esencial de la legitimidad de "El Príncipe", como apuntaba el fundador de la ciencia política moderna. Apoyándose en el pueblo y utilizando al máximo todas las vastas atribuciones legales a su alcance. Con la determinación del Presidente Salvador Allende.

Para realizar o al menos mostrar claramente ante el pueblo que tiene la decisión de realizar las reformas necesarias, cuya postergación conduce sin excepción a los pueblos a la hecatombe. Son las palabras del Presidente Arturo Alessandri Palma en 1925, que no fueron entonces escuchadas.