Qué se firma, cuando se firma

Hay un viejo dicho, “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y la ventaja que busca el Ejecutivo en materia legislativa para una nueva Reforma Tributaria, sólo revela cierta prisa y ansiedad por conseguir un objetivo instrumental, del que en estas circunstancias me siento ajeno.

Es deber además, recordar al gobierno que no está dentro de nuestras prioridades renovar la ley de impuestos, la que ya fue modificada en virtud de la relevante reforma de educación, que era urgente comenzar a implementar. Y, para ser francos, a ningún país le conviene discutir cada cuatro años su sistema tributario, ya que eso significa generar incertezas al sector  empresarial, los que ya se muestran escépticos, porque se suponía una próxima activación de la economía interna que no ha existido.

Digo esto, porque la perspectiva a veces se pierde estando absortos en aquella maniobra comunicacional de estos Tiempos Mejores, la que a veces puede resultar (depende del punto de vista) como un tiro por la culata, encerrona, o “portonazo”, como lo describió uno de los diputados que serían suscribientes de un acuerdo al que no podemos, por responsabilidad política, adherir a priori.

Y es que no es primera vez que La Moneda pretende imponer la letra, fondo y forma a otro poder del Estado. Y lo peor, no es primera vez que un partido de Oposición pone agua en la piscina para aquello.

Una cosa son los anuncios, otra totalmente distinta es lo que después aparece en el papel. Y sin duda que esto genera confusión y efectos políticos negativos, porque se produce una división a nivel doméstico y con las otras fuerzas de Oposición. Un lujo del cual debiéramos prescindir.

Los partidos tienen derecho a fijar un marco y establecer criterios respecto distintas materias, pero quienes tienen  la responsabilidad de legislar son los diputados y luego la Cámara Alta, donde la reintegración va a generar un mayor debate con el Gobierno.

Por ello es conveniente ser transparentes: la compensación ante esta medida debe ser expuesta de forma clara y explícita, los US$400 millones que dice Hacienda dispondrá en esta materia, no alcanzan para estar de acuerdo con la reintegración, porque tal como está planteada, sin duda significa menor recaudación fiscal. Es imperativo analizar de forma expresa los reales alcances. 

La  voluntad política se manifiesta una vez analizadas  todas las alternativas, en nuestro caso sin dejar de lado que el sistema tributario debe ampliar los ingresos del Estado para solventar políticas públicas acorde a lo que defendemos como el orden de justicia: que paguen más los que ganan más.  Condición sine qua non.

Por eso me pregunto, ¿qué se firma cuando se firma? Cuáles son los objetivos reales de ese acuerdo y si ello es vinculante a quienes pretendemos representar. La finalidad de nuestra contraparte puede ser totalmente distinta a la nuestra, entonces es conveniente tener en cuenta que estos compromisos pudieran funcionar como un cheque en blanco  si el propósito de ambas partes va más allá de la punta del iceberg. 

Medir las consecuencias políticas es parte del trabajo técnico a considerar en aquellos asuntos que nos merecen dudas, como la propuesta en materia regional donde se insiste en que los proyectos que superen US$10 millones serán gravados con un 1% destinado a la inversión regional, pero con condiciones que desnaturalizan ese aporte.

Por eso, avancemos en los acuerdos: medidas pro pymes, mayor recaudación para el Estado, y las diferencias dejarlas para análisis de comisión transversal de expertos.

Y un  estudio fiscal conjunto que garantice como consecuencia un aporte fiscal permanente para mejorar ahora las pensiones. Para eso estoy disponible, por eso sí firmo. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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