¿Quién le teme a quién?
Chile nuevamente entra al ruedo del voto, ahora en mayo -elección de 50 consejeros constitucionales- y luego en diciembre para votar en el plebiscito de salida, aprobación o no de la nueva Constitución. Ciertamente alguna vez asocié las votaciones como un acto democrático y de civilidad, más aún si estas eran recurrentes que daban cuenta de la blancura democrática del país.
Chile, en su actual momento histórico, vive una crisis institucional severa, acompañada de múltiples relatos ciudadanos. Desempleo, antiinmigrantes, sicariato, alzas en el costo de la vida. Sin embargo, en esta vorágine, son dos los discursos hegemónicos: el miedo a través de la violencia y la mantención y profundización del ecosistema neoliberal.
El miedo es violento. Los medios de comunicación y la colusión noticiosa en radio y prensa son el vehículo perfecto para despertar los sentidos, infundiendo temor y un estado de incerteza permanente, modificando hábitos y costumbres. Por lo tanto, alterando la percepción de realidad ciudadana.
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV, 2023) señala que el consumo televisivo ha aumentado en la población mayor de 65 años. Las mujeres ven mucha más televisión abierta, mientras que los hombres consumen más televisión pagada. En ambos con un promedio de 6 horas diarias. No obstante, el grueso de los espectadores se encuentra entre los 39 y 45 años de edad. Los que los convierte en una masa crítica, no despreciable, al momento de las campañas electorales.
De hecho, la población joven y adolescente ha bajado su consumo de televisión, siendo probable que haya un reemplazo de la TV abierta o pagada por las redes sociales, donde el debate es mucho más diversos y pluralista.
El segundo de estos relatos relevantes es más profundo y se teje en silencio. Es mental, de sofá; que procura mantener y profundizar la crisis del modelo neoliberal y las precarias condiciones de existencia de una ciudadanía que lucha por recuperar la vida perdida. Lidiando con un empleo precario y de alta competencia.
El secreto que esconde la élite, es que el miedo de la ciudadanía y el sofá neoliberal son cómplices estratégicos. Fomentando la ingobernabilidad, la violencia y el castigo como primera línea, lo que se ve, con su máxima expresión en la ley del gatillo fácil, Naín-Retamal. Una ley espuria que nace de la irreflexión y que no se acompaña de una reformulación de Carabineros o de sus procedimientos.
La relevancia de esta ley la dirán los hechos. Por ahora, en los últimos seis años (2017-2023 en curso) han muerto 31 carabineros, de los cuales 19 (61% app) fueron por accidentes en procedimientos policiales. El portal de Carabineros señala que el promedio anual de uniformados asesinados hasta el 2022 era de 1,5 funcionarios. Ahora, en lo que va del 2023, las muertes se duplican en el rango de 3 homicidios.
Estos antecedentes no explican el dolor colectivo o de aquellos que profitan de los intereses mediáticos. En perspectiva, solo el 2021 murieron más de 20.000 pacientes esperando una atención en el sistema de salud en Chile (Minsal 2021, Informe de Listas de Espera). Después de la muerte del carabinero Palma, el Presidente Gabriel Boric redestinó 1.500 millones de dólares anuales a seguridad- ¡Salud debiera sumar billones o trillones de dólares para paliar el flagelo de la salud pública!
Motivos para una ingobernabilidad y violencia
El relato de la violencia y miedo son fundamentales para la elaboración de una nueva Constitución, propiciando el voto de los sectores más populares que tienen como única fuente de información a los medios coludidos sin pluralidad noticiosa y en pos de un Estado sin capacidad de brindar protección social.
Los partidos políticos, grandes y pequeños, le temen a la sorpresa de los votantes; y la ingobernabilidad resulta estratégica para paliar y controlar los efectos de una posible nueva Constitución desfavorable en su diseño. Por qué, si además sumaron un piso mínimo de acción que son las 12 bases constitucionales, como son: a) Estado unificado, b) una república democrática, c) derecho a la propiedad, d) respetar los emblemas patrios, e) libertad de enseñanza, entre otros lineamientos.
El temor se funda en que estos 12 mínimos como columna vertebral no fueron lo suficientemente específicos, ni acotados. Entonces, ven con cautela que este escenario constitucional pueda salirse de su diseño preestablecido.
Pero el amarre político no quedó aquí, también hay un órgano de árbitros (14) que es adicional a los redactores designados y consejeros. Este tercer brazo del rompecabezas, elegido por los partidos, debe procurar que los redactores y consejeros no se salgan de las 12 bases impuestas. Sin embargo, estos árbitros no tienen tareas formales, ni definiciones es su rol concreto, que inhiban paralizar prácticas de bloqueos temáticos previamente elaborados.
La élite política y económica exigen una nueva Constitución, aunque predecible y en pos de un Estado subsidiario y sin protección social. A la vez la ciudadanía, en su deseo natural de adquirir derechos sociales, no sabe qué esperar de este nuevo pacto constitucional. Esta encrucijada es poder potencial para las mayorías al momento de elegir. La Constitución del '80 está agotada y la derecha necesita refrescar y sofisticar sus procedimientos, por lo tanto, también apuesta a un libreto a la medida, pero que no lo tiene garantizado.
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