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Mucho se ha dicho sobre el rechazo a la reforma tributaria, todos sabemos que ante cualquier incremento de los impuestos, venga de donde venga, al final quienes pagan los costos y las consecuencias son las personas de clase media, las mismas que comienzan recién a levantarse luego de salir de un estallido social y una pandemia. En este contexto, no estaba dispuesta a que se sufriera con una nueva carga económica, que para muchos iba a traer perjuicios más que beneficios.
Se ha insistido bastante en la idea de que no hay recursos para la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros proyectos que van en directo beneficio de la gente, pero aún no he escuchado a nadie comentar sobre los 17 mil millones que se mal gastaron en la Convención del año 2022, de los cuales 500 millones se gastaron en su famosa visita a Antofagasta. Lamentablemente, hoy por el capricho político de algunos, nuevamente todos los chilenos tendrán que verse obligados a costear otro proceso constitucional.
Todavía no he escuchado a nadie comentar sobre las obras que se encuentran botadas, sin ir más lejos, en nuestra comuna tenemos como ejemplo el balneario la Chimba, el estadio de la Corvallis, la sede de la Coviefi o la comisaría de Ollagüe. Todas obras que se encuentran en total abandono y que para ser nuevamente implementadas se tendrán que licitar otra vez, y volver a gastar recursos públicos.
Todavía no he escuchado a nadie decir algo con respecto a las multas o indemnizaciones que paga la municipalidad por concepto de finiquitos, o por el uso excesivo de tratos directos, que todos sabemos tienen costos excesivos, ya que si consideramos ese despilfarro de recursos tendríamos un cierre perimetral del exvertedero la Chimba, u otras obras fundamentales para la ciudad.
Tampoco he escuchado decir nada cuando se autoriza el gasto por 60 millones para una charla de seguridad con un experto extranjero, como si en Chile no tuviésemos expertos capacitados para este tipo de actividades. Esto, sin contar los recursos que no se utilizan cada año por falta de gestión presupuestaria.
En el tema de seguridad, se prometieron por parte de la exministra Izkia Siches más de 2.500 millones, sin mencionar lo comprometido más adelante por la ministra Tohá. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta por parte de la delegada presidencial si estos recursos han llegado o no a la región de Antofagasta. Y si no llegan, espero que no me respondan que fue por el rechazo a la reforma tributaria, porque parece que es la gran excusa para todo.
Ni siquiera voy hacer mención al aumento de personal en el ámbito gubernamental o que muchos de ellos corresponden a operadores políticos. Y adivinen quién paga todo esto, sí, la clase media, los chilenos y chilenas que con esfuerzo se levantan todos los días a trabajar para dar sustento a su hogar, así que a mí no me digan que no hay recursos.
El día que tengamos un Estado más eficiente créanme que muchas cosas cambiarían.
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