Reforma al empleo público: no partamos de cero
Hace unos días, el Gobierno anunció la creación de una comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo. Es una buena noticia. Después de 37 años sin modificaciones de fondo a la norma que regula la relación laboral de gran parte del aparato estatal, la decisión de abrir ese debate con participación técnica y política amplia merece ser valorada pero, también conviene decirlo, este trabajo ya tiene un punto de partida sólido, y sería un error no aprovecharlo.
Durante todo el segundo semestre de 2025, el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado -del cual formo parte como representante de la Asociación Chilena de Municipalidades- dedicó cinco sesiones formales, reuniones de comité y un extenso proceso de deliberación a producir un diagnóstico consensuado y catorce recomendaciones concretas sobre modernización del empleo público. No fue un ejercicio académico: el consejo escuchó a la Dirección de Presupuestos, recibió la posición de la ANEF, revisó evidencia comparada de la OCDE y cruzó datos del Servicio Civil, de Contraloría. Ese trabajo fue entregado al gobierno en diciembre de 2025 y complementado en enero de 2026 con un documento sobre las condiciones habilitantes para que la reforma del Estado deje de ser una promesa recurrente y se convierta en política permanente.
Las recomendaciones abordan cada uno de esos problemas con propuestas que fueron consensuadas entre personas de distintas sensibilidades. Concursos abiertos y basados en mérito como regla general de ingreso. Asesores de confianza política acotados por cuota legal y vinculados a la permanencia del jefe de servicio. Un período de prueba obligatorio. Movilidad horizontal entre servicios públicos manteniendo antigüedad. Nuevas causales de cesación -reestructuración, supresión de programas, desempeño deficiente, condiciones presupuestarias- acompañadas de indemnización o acceso al seguro de cesantía para egresos no voluntarios. Un nuevo sistema de evaluación con distribución forzada que termine con la ficción de que todos son sobresalientes. Y un Registro Nacional de Empleo Público que permita saber, por fin, cuántas personas trabajan para el Estado y con qué trayectorias.
Hay un aspecto que me importa subrayar especialmente. De los 939 mil cargos del sector público, el 37% -casi 348 mil- corresponden a municipalidades. Sin embargo, la discusión sobre empleo público tiende a centrarse en el gobierno central, como si los municipios fueran una nota al pie. No lo son. Somos el primer punto de contacto entre el Estado y la ciudadanía, y enfrentamos las mismas rigideces del Estatuto con menos instrumentos para gestionarlas.
Nuestras plantas son anacrónicas, el tope de contratas se alcanzó hace rato, y cada programa nacional que se ejecuta en las comunas llega con financiamiento para la prestación, pero muchas veces sin recursos para las personas que la hacen posible. El consejo propuso que los funcionarios municipales sigan los mismos principios de la reforma. Esa propuesta merece ser recogida.
El documento de condiciones habilitantes que este consejo envió al Ministro de Hacienda en enero de 2026 planteaba algo que la comisión anunciada debería tener presente: las reformas al Estado fracasan menos por falta de propuestas que por problemas de economía política. El cortoplacismo de gobiernos de cuatro años que prefieren evitar los costos de reformas cuyos beneficios se verán después. La ambigüedad de responsabilidades cuando nadie específico rinde cuentas por modernizar el Estado. Y la falta de conexión entre la reforma y las mejoras tangibles que la ciudadanía espera en salud, seguridad, vivienda y trámites cotidianos. El propio consejo sugirió que la salida es un pacto transversal, al modo del acuerdo Insulza-Longueira de 2003, que permitió simultáneamente la creación de la Alta Dirección Pública y la regulación del financiamiento político.
El empleo público en Chile representa 9% de la fuerza de trabajo, frente al 12% promedio en América Latina y el Caribe, y al 21% entre los países de la OCDE. Chile no tiene un Estado gigante en términos de dotación: tiene uno mal diseñado. Frente a una derecha que aborda esta discusión con el objetivo de reducir el aparato público bajo el pretexto de hacerlo más eficiente, desde el progresismo la aproximación tiene que ser otra: fortalecer las capacidades estatales para asumir los desafíos del desarrollo. En Renca hemos demostrado que modernizar y fortalecer el aparato municipal es posible, y que eso se traduce en mejores servicios para la comunidad. Restarse de este debate sería entregar en bandeja una discusión de la mayor relevancia a quienes -ya sea por convicción ideológica o por oportunismo populista- solo buscan un Estado más pequeño y más débil.
Para quienes valoramos el empleo público y la estabilidad de las agencias públicas que entreguen servicios de calidad a los ciudadanos sabemos que Chile necesita esta reforma. La evidencia lo muestra con claridad y el consenso técnico es amplio. Pero la comisión que se conforme no debería comenzar con una hoja en blanco cuando existe un trabajo institucional riguroso, deliberado con actores diversos y entregado formalmente al gobierno. Las 14 recomendaciones del Consejo Asesor no son la última palabra, pero sí son un piso legítimo desde el cual construir. Usémoslo.