Registro de movilidad,no es sospecha infundada
Hemos conocido en los últimos días una propuesta que está impulsando el Gobierno para medir la movilidad de la población, mediante los datos que se recolectan desde los teléfonos celulares, a fin de poder trazar hacia dónde se mueven las personas y determinar si son efectivas o no las cuarentenas ordenadas por la autoridad sanitaria en medio de esta cruda pandemia.
En un país donde hay más celulares que personas,más de 24 millones de abonados a móviles, según estadísticas de Subtel a marzo de 2020, versus 19 millones de habitantes, de acuerdo a informe del INE en 2019, una medida de esta naturaleza aparece atractiva y eficaz, considerando que hoy el confinamiento no se ve como una solución plausible ante el aumento casi imparable del coronavirus.
Sin embargo, el anuncio generó rápidas reacciones de incredulidad sobre el manejo de los datos y eventual mal uso de datos personales.
Mientras la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, salieron al paso de quienes criticaban la medida, argumentando que los datos de celulares se “desconectan” del usuario, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, aseguró que esta vigilancia sanitaria podría constituir una invasión a la privacidad.
Espacio Público también salió a defender el anuncio gubernamental, señalando que los datos ya son públicos,de hecho, cita estudios de universidades al respecto y no involucran datos personales, en base a lo dicho por las empresas del rubro.
A juicio de la entidad, la vigilancia mediante el uso de teléfonos móviles permite rastrear el movimiento dentro la ciudad, lo que permitiría evaluar y aplicar nuevas medidas restrictivas para frenar esta vulneración de la cuarentena.
Sin duda que es bienvenida cualquier estrategia que permita controlar la propagación del virus, pero nos parece que las aprensiones expuestas por la CPLT y otros organismos y parlamentarios no es un detalle menor, y que se deben dar los resguardos suficientes que aseguren que no se vulneren garantías constitucionales, como la intromisión en la vida personal de los ciudadanos.
Dicho de otro modo, si no existen garantías de privacidad, se vulnera mi derecho privado, y sin informarle a nadie, de ir al supermercado, caminar con un hijo con espectro autista, ayudar a mis padres adultos mayores con víveres o pasear a mi mascota, sin vigilancia ni control gubernamental, porque la ley y las normas hoy me lo permiten.
Tal vez más de alguno saldrá a explicar que hoy “todo está en Internet”, y que los datos personales ya están a la vista y paciencia de quien los quiera, sobre todo cuando hoy abundan aplicaciones que registran tus visitas, pero no es menos cierto que el uso de estas APP con geo localización siempre es opcional y el que los usa o activa sabe a lo que se expone.
Esperemos que una medida así no avance sin el concurso de organizaciones técnicas y ciudadanas, para que den confianza a que esta trazabilidad no vulnerará los derechos de uso de datos personales.
No hay argumento técnico, ni menos apelar al Estado de Emergencia, que permita avalar una intromisión en la privacidad de las personas, por lo tanto hoy más que nunca ninguna sospecha es infundada.
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