Finalizada la etapa de enmiendas realizadas por el Consejo Constituyente al anteproyecto de nueva Constitución que fuera redactado por la Comisión Experta, podemos ver que los retrocesos no sólo están en el proceso constituyente cómo tal, clausurado a la participación popular, sino que en avances de derechos que como sociedad hemos dado tras décadas de movilización y organización.
Controlado el consejo por los representantes de Republicanos, quienes han puesto la música y el ritmo a sus pares de Chile Vamos, vemos como se encuentran en riesgo los derechos de millones por las creencias de unos pocos. Así, la propuesta constitucional se convierte en un traje a la medida de la explotación, la discriminación y los abusos.
Se pretende reducir la capacidad de organización de las y los trabajadores al restringir el derecho a huelga, limitándose solo a los procesos de negociación colectiva. Cosa que busca evitar que los trabajadores defiendan sus condiciones laborales, denuncien a sus empleadores y permita a las patronales abusar sin temor a posibles acciones en su contra.
La propuesta constitucional, derechamente la Constitución republicana, es autoritaria. Como tal impone un modelo de vida de sometimiento a los dictámenes de los grupos empresariales, conservadores y religiosos. Pretenden convertir al país en un feudo castigador, que fomente el individualismo y el corto plazo. El ultra neoliberalismo chileno dice presente en esta propuesta de texto, tierra fértil para que se exprima ganancia en favor de unos pocos de donde sea.
Decían hace un año que la propuesta constitucional de la Convención Constituyente era maximalista, que polarizaba a nuestra sociedad y que necesitábamos una nos "nos uniera". Pues bien hoy nos encontramos con una propuesta ideológica -en lo que a salud, educación y trabajo expele a fanatismo neoliberal-, es teocrática -como podemos ver en los retrocesos en los derechos reproductivos y de la mujer- y es discriminatoria -en materia de seguridad la enmarca en la pobreza, deja al arbitrio del mercado los derechos sociales-. Es una proyección del gobierno que pudiera aspirar encabezar José Antonio Kast.
Como trabajadoras y trabajadores no podemos estar disponibles a abonar la tierra de los abusos que se disponen en este texto, por lo que debemos reorganizarnos en la defensa de nuestros derechos, que con mucha lucha hemos conseguido establecer en los últimos años. La destrucción de los derechos laborales, bajo la excusa del crecimiento, es un retroceso de al menos 70 años.
El texto vuelve a los comisionados expertos y probablemente terminemos en una comisión mixta que tendrá que ajustar la nueva propuesta constitucional a los términos que exigen los tiempos actuales. Cualquier escenario contrario solo fomentará la crisis social que sigue viviendo el país, por más que algunos quieran seguir guardando la basura bajo la alfombra.
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