Retroexcavadora administrativa, la nueva forma de gobernar

Jorge Pizarro

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Que La Moneda quiere legislar “a matacaballos”, es el discurso que ha adoptado la Oposición en una evidente estrategia que busca pavimentar desde ya la llegada de su gobierno el próximo 11 de marzo.

Al parecer acusan recibo de que no serán mayoría en el Congreso y buscan asegurar gobernabilidad en los cuatro años próximos, a punta de anunciar a los cuatro vientos el rechazo y dilación a priori de proyectos enviados a tramitación por  la administración actual. Una gobernabilidad que otrora exigieron a través de lluvias de críticas a la retroexcavadora del senador Quintana, con la diferencia que el país se había pronunciado en las urnas por una coalición a la que no le temblara la mano a la hora de realizar reformas

No se puede exigir al Ejecutivo en ejercicio que deje todo stand by, o no defienda hasta el último momento lo impulsado. Por ello, cuando se leen titulares como “Piñera y Chile Vamos acuerdan rechazar proyectos emblemáticos de Bachelet”, es obvio esperar aclarar cuál es el avance que propone el nuevo gobierno.

Tal vez siendo complacientes podemos llegar a entender que si se administra el Estado a punta de slogan, se busque marcar un signo político por sobre  otro. Porque sino, qué  es lo que se entiende cuando se habla de congelar cambios como la reforma de pensiones, instalar el debate constitucional y la ley de identidad de género.

Pero hay asuntos que van más allá de aquello, como lo avanzado en la última reforma laboral, que según la prensa se piensa corregir por decreto.  Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de corregir buenos resultados?

A ocho meses de la puesta en marcha de la implementación de la reforma laboral - aquella tan resistida por la Derecha que en su momento demonizó el  fortalecimiento de los sindicatos de trabajadores y la mejora en la forma de cómo estos se relacionan con sus empleadores - las huelgas efectuadas bajaron de un 25% en 2016, a un 17% en 2017.

Además, cifras oficiales  aseguran que la duración promedio de las huelgas de 13,9 días se mantiene. Si seguimos con datos duros proporcionados por la Dirección del Trabajo, podemos ver que mientras en 2013 las huelgas aprobadas por los trabajadores sindicalizados eran de 702, se registraron 570 en 2017.

Desde abril a diciembre ha habido menos huelgas aprobadas y efectuadas que el igual período de los cuatro años anteriores. Y si bien existe mayor número de trabajadores sindicalizados, ello no significó el alza en conflictos laborales que terminaran en huelga, como algunos agoreros vaticinaron, sino que fue la herramienta para que aumentara el porcentaje de huelgas aprobadas que fueron solucionadas antes de ser efectivas.

¿Cuál es entonces el argumento real para configurar lo que se ha denominado como la retroexcavadora administrativa del  gobierno del Presidente electo?

A todas luces entiendo una contradicción tratar de modificar con dictámenes de la Dirección del Trabajo la materia que se sometió al análisis legislativo, con representación de todos los sectores. Ello es un error y un atropello a las instancias republicanas.

Si hubo un objetivo final, que tiene que ver con la expectativa creada, traducida en guiños a sectores empresariales, ¿cuál es la excusa ahora? ¿Para quién se gobierna? La ciudadanía no necesita escenarios ficticios que  dañan la realidad.

Podemos cometer errores graves y cuando se busca precisamente modernizar las atribuciones y fortalecer la Dirección del Trabajo, nos encontramos con esta intención develada a través de los medios.

La Ley de relaciones laborales en Chile fue un avance que más allá de todo poder ideológico y luego de varios meses de tramitación, pasó también por el Tribunal Constitucional, práctica a la que al parecer la Derecha nos quiere acostumbrar reclamando reserva de constitucionalidad ante proyectos que no les acomodan del todo.

¿Son esos los tiempos mejores?