Seguridad Nacional y coherencia con la Política Exterior
En comisión de Defensa del Senado se discute una nueva ley para las compras e inversiones con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégica.
La reforma al sistema parece muy necesaria, sobre todo porque la ley actual data de 1958, con ajustes del 2004, que por cierto está desactualizada a la estructura de la defensa actual después de la reforma del 2010 y a la ley que estableció (2019) un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional en reemplazo de la denominada ley del Cobre.
En definitiva, existiría un consenso en la necesidad por modernizar y adaptar el proceso de compras e inversiones del sector defensa a los nuevos lineamientos de la política de Estado, sin embargo, el énfasis también debe estar en otras dimensiones, tales como la coherencia entre la política de Defensa Nacional con la Política Exterior del País. Esto que pareciera obvio, denota inconsistencias en la actualidad, y pareciera muy oportuno que el legislador aborde este aspecto medular en la ley en tramitación.
La normativa de compras e inversiones del sector defensa debe ajustarse a los principios de control democrático, es decir, debe ser subordinado a las autoridades civiles, además de trasparente y mantener el resguardo de la reserva en vista a la seguridad nacional.
Sin embargo, esta necesaria reserva no puede ser sinónimo de incoherencia entre los principios rectores de la política exterior de Chile y una autonomía decisional del sector defensa en materia de compras e inversiones.
En efecto, nuestra Cancillería ha sostenido que su política de Estado es coherente en el tiempo, y que Chile se rige principalmente por tres principios respecto al derecho internacional: promoción de la democracia y respeto a los derechos humanos y ejerce la responsabilidad de cooperar.
En sustento a esa coherencia, se debe resguardar que Defensa y Cancillería sean parte sustantiva de dicha consistencia, ya que no resiste análisis los casos en que el ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado o cuestionado actos de Estados por incumplimiento al derecho internacional de los derechos humanos y a la vez el sector Defensa mantenga vínculos comerciales en materia de sistemas de armas. Ello pudiera lesionar de manera importante el prestigio de nuestra política exterior y quitar credibilidad por mantener un doble rasero.
En consecuencia, la actual tramitación de una ley respecto a las compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Seguridad Nacional, pudiera avanzar en la coherencia del Estado en relación a sus principios en política exterior.
Debiera prohibirse la participación en las propuestas públicas, privadas o en el trato directo de compañías que representen a Estados que violen sistemáticamente el derecho internacional de los derechos humanos según lo adviertan los órganos principales de Naciones Unidas, tales como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia y, por cierto, mantener una coherencia entre los lineamientos de la Cancillería del país y el ministerio de Defensa y sus compras de armamento.
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