Seguridad sí, pero con regulación y responsabilidad

Rodrigo Bustos Bottai

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El actual debate sobre la posible implementación de pistolas Taser en Chile resulta preocupante y requiere una discusión profunda, ya que la seguridad es una prioridad universal para garantizar una buena calidad de vida. En este contexto, resulta fundamental comprender que el mantenimiento del orden y la protección de los derechos humanos no son conceptos opuestos; al contrario, se complementan y constituyen pilares esenciales de un Estado de Derecho.

Desde ese punto de vista, genera inquietud que se minimicen los riesgos asociados a las armas "menos letales", presentadas como una solución intermedia entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego. No obstante, incorporar estas armas al equipamiento de las fuerzas de orden y seguridad es una decisión que requiere una evaluación minuciosa. Es fundamental analizar detenidamente su uso, regulación y consecuencias para evitar que, en lugar de proteger, se terminen generando mayores niveles de inseguridad.

Uno de los principales inconvenientes radica en los riesgos para la salud al emplearlas en personas que padecen enfermedades cardíacas, respiratorias o de salud mental, entre otras. En países que ya han implementado las Taser se ha observado un aumento en el número de muertes atribuibles a estas afecciones, además de reportarse incidentes en los que caídas han provocado lesiones, fallecimientos e incluso pérdidas de embarazo. Cabe destacar que el propio fabricante ha reconocido y detallado una serie de riesgos asociados a su uso.

Cabe además recordar que Chile tiene un sombrío historial de abuso de fuerza por parte de las policías que no puede pasarse por alto. Por ello, resulta indispensable garantizar una capacitación y sensibilización adecuada para las y los funcionarios, junto con el establecimiento de mecanismos efectivos de rendición de cuentas que regulen su uso.

Recientemente, diversas autoridades han propuesto la implementación de pistolas Taser no solo en las fuerzas policiales, sino también en cuerpos de seguridad municipales, cuyo rol en materia de seguridad es preventivo y en ningún caso puede reemplazar la función policial. Esto también resulta preocupante.

Con todo esto en mente y con el fin de resolver de manera eficaz los desafíos en torno a la seguridad, es urgente que las autoridades a cargo del orden público integren en el debate tanto la evidencia empírica como la experiencia internacional. El uso de armas Taser debe estar sometido a un control riguroso y ser operado únicamente por personal debidamente capacitado, evaluando todos los riesgos y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas que aseguren que su implementación cumpla con criterios claros de eficacia y respete los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Entonces, si aspiramos a lograr avances significativos en materia de seguridad, es imprescindible abordar este debate considerando todas las implicaciones, responsabilidades y precauciones necesarias para salvaguardar tanto la integridad de la población como la de las y los funcionarios que harán uso de estas herramientas, conforme a lo establecido en la normativa internacional.