Cuando asumen, los gobiernos se suelen plantear múltiples desafíos en las distintas áreas de gestión del Estado que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Hay sectores que son claves como la salud, educación y empleo, ya que son ámbitos relevantes para que las personas se puedan desarrollar con normalidad.
Sin embargo, en situaciones de crisis, los gobiernos deben priorizar cuáles serán los grandes temas a los que se abocarán para salir de esa situación y retomar la normalidad. El problema es que actualmente el país experimente crisis en prácticamente todos los ámbitos, algunos con mayor profundidad que otros, pero Chile perdió hace rato el rumbo.
Esto obligará a la próxima administración a focalizar su espacio de acción, y dedicarse a resolver los desafíos más urgentes, teniendo en consideración que quienes asuman esa responsabilidad, tendrán muy pocos recursos públicos y una resistencia del sistema político para alcanzar acuerdos en los asuntos trascendentales.
A mi juicio, el gobierno que asuma a partir de marzo de 2026 tendrá que dedicarse casi exclusivamente a dos temas: Seguridad y economía. Y aunque pareciera que son dos áreas desligadas, están estrechamente vinculadas, al punto que dependen una de la otra para lograr buenos resultados.
Sin seguridad no hay crecimiento ni desarrollo económico y social; y sin una economía vigorosa, la paz social se obstaculiza. Además, la seguridad no sólo se refiere a mantener el orden público y combatir la delincuencia, sino que la seguridad implica que las personas tengan garantizada la satisfacción de los aspectos más elementales de la vida, como empleo, acceso oportuno a una salud de calidad, vivienda y certeza de que sus derechos serán respetados.
Es una balanza cuyo equilibrio es muy frágil porque depende de distintos factores, algunos de los cuales escapan del control del Estado. La dificultad que tiene Chile hoy es que esa balanza está absolutamente desequilibrada, porque tenemos una crisis en seguridad y una economía que no repunta. La razón de esto se explica por lo que señalé anteriormente, ya que ambos aspectos están íntimamente vinculados, y si uno de los dos está en crisis, afecta inmediatamente al otro.
Todo esto se ve complejizado porque quienes nos gobiernan hace casi tres años, nunca han tenido entre sus prioridades la seguridad. Este tema no es parte de la esencia de la izquierda, que está acostumbrada a instalar el caos para imponer sus ideas más extremas, antagónicas a la libertad individual y el capitalismo.
Con el octubrismo, marcado por una violencia radical, rompieron el orden público y la certeza jurídica, lo que provocó como natural resultado de esa deriva insurreccional, que la economía no sólo se haya estancado, como venía ocurriendo desde las pésimas reformas aprobadas durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, sino que no haya perspectivas de recuperación para la década que viene. Porque crecer al 2% anual no le permite al país y a sus ciudadanos optar a mejores oportunidades y a una mejor calidad de vida. Se administra lo que existe, pulverizando las expectativas de progreso de las capas medias y de los sectores de menos recursos.
Si como sector nos toca asumir este enorme desafío, tenemos que tener claridad de que la seguridad y la economía serán los dos temas a los que tendremos que abocarnos esos cuatro años de gestión, considerando las paupérrimas condiciones en las que dejará el país el gobierno frenteamplista-comunista.
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