Siguen siendo los mismos

Raúl Soto
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El impacto de la propagación mundial del virus COVID-19 ya es algo conocido. A medida que avanza la pandemia, van surgiendo también nuevas necesidades y consecuencias, frente a las cuales el deber del Estado en proveer certezas y soluciones a la población es insustituible.

Profusos han sido los llamados para enfrentar dichos desafíos con unidad, convocando al desapego de las formas tradicionales de coordinación política para dar origen a soluciones consensuadas, de rápida gestación y efectiva aplicación.

Dichos llamados a la unidad han sido destacados por este Gobierno. Sin embargo, han sido ellos mismos quienes mezquinamente han buscado privilegiar sus propios intereses en medio de toda esta emergencia, dificultando la construcción de acuerdos que beneficien a los más vulnerables.

La fórmula no es novedosa, buscar refugio tras un muro moribundo que durante los últimos años ha cultivado la indignidad entre nuestro pueblo, asunto tan elocuentemente señalado por la ciudadanía durante el año recién pasado y tan aparentemente ignorado. Dicha contención también es llamada Constitución Política de la República.

Hoy, una vez más, sirve de refugio para aquellos que llaman a la unidad, pero que en realidad buscan dar respiro a un sistema político y económico que se estaba quedando sin oxígeno. Durante esta semana, el ministro de Energía Juan Carlos Jobet, dio a conocer la decisión del Presidente Piñera de promover la reserva de constitucionalidad respecto del Proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos en medio de la pandemia del Corona Virus.

Los fundamentos y objetivos del proyecto de ley son claros: establecer medidas de resguardo para las personas que no puedan realizar el pago de sus servicios básicos de agua, luz eléctrica, gas, telefonía e Internet, debido a la disminución en sus ingresos que la alerta sanitaria puede provocar, evitando así el corte de suministro y postergando el pago hasta el momento posterior al levantamiento de la alerta sanitaria.

En su paso por la Cámara de Diputados, la iniciativa logró tener una aprobación transversal, incluso por parlamentarios oficialistas. Fue aprobada por 97 votos a favor, con sólo un voto en contra y 6 abstenciones.

Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera recurre, otra vez, al mismo muro moribundo de siempre para encontrar resguardo y declarar así a la iniciativa como inconstitucional. ¿Por qué? Porque, para el Gobierno, la iniciativa tendría problemas en la repartición de cargas públicas y afectaría el derecho de propiedad de las empresas que suministran servicios básicos, perjudicando también el derecho de las empresas a desarrollar sus actividades económicas.

Como es elocuente, para el Gobierno tales derechos no se limitan jamás. Ni si quiera durante una pandemia mundial.

De esta forma, es inevitable arribar a una única conclusión, siguen siendo los mismos.

Aquellos para los que un alza de $30 en la movilización de las personas no involucraba un mayor problema; quienes aconsejaron a la ciudadanía levantarse más temprano y tolerar el mal funcionamiento del sistema de transportes; los mismos que sostuvieron que al sistema público de salud las personas iban a “hacer vida social”; o quienes creen que “la gran mayoría de los chilenos son propietarios, al menos, de una casita y dos departamentos”; aquellos que impulsaron una reforma tributaria que beneficiaba a las grandes empresas, sin importar lo regresivo de su aplicación.

Son los mismos. Siguen siendo los mismos.

Pero hay innovaciones. Ahora son aquellos que apoyan un dictamen que, en medio de la pandemia, llama a los empleadores a dejar de pagar la remuneración de sus trabajadores.

Aquellos que motivan una ola de despedidos fundamentados, erróneamente, en el caso fortuito o fuerza mayor.

Aquellos que se muestran rápidos y efectivos para ofrecer una gran garantía estatal a los bancos de éste país, para que así acepten ayudar a sus conciudadanos en momentos como éste.

Aquellos que no dudaron en rogar a las ISAPRES que pudieran aplazar, sólo aplazar, el alza sus los planes de salud.

Aquellos que ofrecieron a la comunidad un Bono Covid-19 que entrega $50.000 por carga familiar.

Aquellos se han negado persistentemente a una cuarentena nacional obligatoria.

Aquellos que deciden recurrir, otra vez, al Tribunal Constitucional para que, refugiados en el mismo muro de siempre, pueda declarar inconstitucional una ley humanitaria para personas privadas de libertad, solicitando que dicho beneficio también sea aplicable a los criminales de lesa humanidad presos en Punta Peuco.

Aquellos que, hoy, buscan impedir que se prohíba el corte de servicios básicos por no pago durante la alerta sanitaria.

En una especie de olvido temporal programado, el gobierno del Presidente Piñera parece omitir la historia reciente de la sociedad chilena durante los meses posteriores al 18 de octubre.

Parece olvidar el clamor ciudadano generalizado que pedía, y continúa haciéndolo, la humanización de un sistema político y económico que trata a los ciudadanos y ciudadanas como mercancías y no como personas.

Aquellas solicitudes transversales acerca de una nueva Constitución, un nuevo pacto social que, esta vez, no sólo se preocupe de la protección empresarial y su libertad económica, sino que también proteja a los vulnerables, a los que no tienen la posibilidad de mantener una cuarentena estricta, un pacto social que por alguna vez proteja a “la muchedumbre innumerable para quienes el orden social no ha sido más que una continua vigilia de zozobras” (palabras de Radomiro Tomic). 

En un momento histórico para la humanidad, llamamos y convocamos públicamente al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a dar demostraciones de efectiva solidaridad con su pueblo, a dejar análisis mezquinos de lado y avocarnos, en conjunto, a dar las respuesta que el país espera y necesita, más allá del autor de una determinada iniciativa. Nuestro país merece más que ello. Merece que estemos a la altura.

La respuesta es suya, Presidente, ¿estará a la altura?

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