Sin agua, no hay vida

El jueves 28 de enero, el Senado aprobó el proyecto que busca reciclar aguas grises, es decir, aquellas no cloacales provenientes del lavado de manos, duchas y del lavaplatos.Es probable que muchos habitantes de Santiago jamás hayan pensado cuánto se podría hacer con el agua que fluye en abundancia mientras, por ejemplo, se lavan los dientes. Aunque mucho se diga acerca de la escasez del agua, esto que desde nuestra capital suele conocerse a través de los medios o en foros, en regiones asfixia la vida cotidiana.

No obstante y pese a la crisis hídrica que nos golpea, tras ser aprobado por unanimidad en el Senado, el proyecto quedó entrampado en la Cámara de Diputados. Por razones que no resultan claras, la mesa de la Cámara decidió enviarlo a la Comisión de Obras Públicas, en donde ha quedado en el último lugar de la tabla.

Desde la cobertura noticiosa, esto no parece formar parte de la agenda pública pese a la emergencia devastadora que se vive en ciertas regiones del país. Sucede que la desigualdad también se expresa en el acceso al agua; para quienes dependen del camión aljibe, algo tan elemental como obtenerla abriendo una llave, es un lujo cada vez más inalcanzable.La ecuación es insostenible: la demanda es cada vez mayor, la disponibilidad del recurso, menor.

El paso que estamos dando al regular el reciclado de aguas grises es sumamente valioso, pero insuficiente. La buena noticia es que, tal como sucede en el caso de la energía, Chile tiene muy buenas alternativas para responder a la crítica situación. Una de ellas consiste en aprovechar el agua de mar, un bien nacional de uso público abundante y bien distribuido.

En este caso, no empezaríamos de cero ya que existe amplia experiencia internacional y también una incipiente práctica nacional en su uso. De hecho, el Gobierno ha propuesto la construcción de plantas desalinizadoras en diversas cuencas del país; las iniciales se ubicarían en Arica, Limarí, Choapa y La Ligua-Petorca, que presentan hoy una condición crítica.

Sin embargo, estas valiosas iniciativas pueden verse opacadas por la falta de un marco político-conceptual y un claro diseño articulador. Una política nacional de desalación debe buscar tres objetivos básicos: permitir un uso sustentable y eficiente del recurso; priorizar el bien común y minimizar la degradación del borde costero y el deterioro del paisaje.

Chile puede y debe aprender de sus experiencias. Ya sufrimos las nefastas consecuencias de la carencia de regulaciones adecuadas en el uso del agua: los derechos terminaron concentrados en pocos y un bien nacional de uso público se convirtió en un objeto comercial altamente especulativo.

El Estado llegó tarde y sin los instrumentos apropiados para corregir estas distorsiones.En el caso de las plantas desaladoras urge terminar con la entrega de concesiones para plantas individuales, se trate de un usuario minero, sanitario, agrícola o de otro tipo.

Continuar en esta línea implicará que proliferen plantas de mediano, pequeño o gran tamaño con un claro impacto paisajístico y ambiental; que particulares soliciten agua en exceso para especular con el sobrante y/ó que se pierda la posibilidad de aprovechar las economías de escala y de compensar costos a favor del agua para el consumo humano.

En el mundo hay varios modelos viables con distintas articulaciones entre el Estado y el sector privado. Al mismo tiempo, es evidente que una política nacional de desalación no puede ser exitosa sino se inserta, a su vez, en una estrategia nacional de recursos hídricos. Chile necesita mejorar la institucionalidad y regulación en materia de administración de las aguas, especialmente en cuanto a una gestión integral de éstas.

En definitiva, debemos combinar  fuentes de abastecimiento, como lo es la desalación, con más eficiencia y mejor gestión sin perder de vista nuestro horizonte: el bien común.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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