Sombras tenebrosas

Camilo Escalona

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El caso que lleva la Fiscalía respecto de la autodenominada Resistencia Mapuche Lafkenche significa un importante avance de las investigaciones relativas a acciones terroristas en la provincia de Arauco y en la Macrozona Sur, pero también establece una nueva preocupación por la participación de un carabinero que estaba aún en servicio, y de otro en retiro con funciones altamente sensibles en materia de orden público.

En efecto, la PDI concretó una diligencia de amplias repercusiones que contribuye a la normalización de la situación de seguridad en el corazón de la provincia de Arauco, como son las comunas de Curanilahue, Los Álamos y Cañete; así también posibilita la necesaria acción de la justicia. Así se cae la afirmación de vocerías de ultraderecha que han insistido en la "inacción" de las autoridades.

Ahora bien, los efectos y ramificaciones de la presencia de excarabineros debe ser esclarecida con rigurosidad. Los delitos son gravísimos por su brutalidad e impacto. Un suboficial en retiro, pero activo al realizarse los atentados incendiarios y con explosivos, con información vital del esfuerzo de la propia institución de Carabineros de Chile y acusado de entregar armas a una jefatura extremista, resulta ser un hecho que requiere una exhaustiva investigación.

Hay opciones dispares: se trata de simple delincuencia por dinero proveniente del robo de maderas; otra, que hay exuniformados involucrados con extremistas de izquierda, como también está la posibilidad de ramificaciones que conducen a la ultraderecha que se encubre en el conflicto indígena para desestabilizar la institucionalidad democrática.

En Chile, la intromisión de la ultraderecha en el ámbito castrense ha sido habitual, incluso llegando al tráfico de armas, como fue en el atentado criminal que le costó la vida al general Rene Schneider, en octubre de 1970, en cuyo impulso fue clave el general Viaux, un extremista de derecha que en octubre de 1969 había intentado otro golpe, el "tacnazo", encubriendo la insubordinación institucional como "demanda gremial". Después, en el "tancazo", intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973, los lazos políticos de los sublevados conducían directamente a la organización ultraconservadora "Patria y Libertad".

Bajo la dictadura, sectas castrenses de ultraderecha controlaron los organismos de represión con efectos nefastos para Chile, ejecutando la masiva, cruel y sistemática violación de los derechos humanos. De esas sectas de sádicos crimínales surgieron las peores aberraciones del terrorismo de Estado.

Hace ya 50 años, al desencadenarse tales atrocidades, sus ejecutores dependían directamente de Pinochet y justificaron su malvada criminalidad en un anticomunismo visceral, propio de rudimentarias posiciones de ultraderecha. Así defendían atrocidades, masacres y vesanias en contra de la dignidad del ser humano.

Hoy en democracia no puede repetirse la misma historia. Hay naciones democráticas en que esas organizaciones están suprimidas. Es el caso de Alemania, cuyas fuerzas políticas democráticas no están dispuestas a que resurja el nazifascismo y vuelvan otra vez sombras tenebrosas al horizonte de su nación.

La gobernabilidad democrática no debe depender de la casualidad, es decir, si se descubren o no extremistas enquistados en las fuerzas castrenses sino que tiene que cimentarse en la solidez de las instituciones del Estado de Derecho que no pueden permitir verdaderos socavones en el Estado que horadan las bases del régimen democrático.

La autoridad democrática debe sancionar estos actos conspirativos e impedir que se formen esas siniestras asociaciones bajo la superficie, creadas por conspiradores de ultraderecha. Hay que apoyar al gobierno del Presidente Boric en ese enorme desafío. La estabilidad democrática así lo requiere.