Somos una república

Los libertadores del colonialismo español, O'Higgins y quienes vencieron en los campos de batalla, legaron a Chile una república independiente, desahuciando la monarquia propia de las potencias imperiales de entonces como sistema de gobierno.

Esa es una herencia irrenunciable por cuanto representa un avance civilizacional determinante, el término de los autócratas supuestamente designados por voluntad divina, como se impuso durante siglos, en particular, en la monarquia castellana que llego a expresar históricamente lo peor del oscurantismo, durante siglos, ejecutando las atrocidades de la Inquisición.

En la lucha por la Independencia lucharon criollos, afrodescendientes y mapuche, que constituyeron una fuerza de combatientes decisivos en las cruentas batallas de la etapa final de la campaña libertadora. Ello determina que la victoria contra el yugo español también le pertenece al pueblo mapuche legítimamente.

Como se sabe, los combatientes fueron desplazados y el poder pasó a manos de la oligarquía terrateniente, pero no se pudo desconocer que el país tenía como sistema de gobierno una república y no una monarquia, a pesar que hubo oligarcas que así lo soñaron. En consecuencia, el poder nace de la voluntad popular y no hay gobernantes a perpetuidad.

Asimismo, el patrimonio del país está separado de la propiedad individual de las autoridades de turno y estas no pueden apropiarse de los bienes públicos, en sus diversas dimensiones y expresiones, por encumbrados que sean sus cargos en la jerarquía estatal. Reyes y emperadores, amparados en su falaz origen divino saquearon infinitas veces a sus pueblos y naciones.

Aún hoy, ese principio fundamental se burla y atropella muchas veces por la corrupción de ruines gobernantes, pero eso debe instar a luchar con más fuerza por el respeto al principio republicano de probidad y no abandonarlo o ponerlo en duda, facilitando que el Estado pueda ser asaltado por los más inescrupulosos y obsecuentes trepadores que se apiñan en torno al sátrapa gobernante, como ocurrió con el proceso de privatizaciones bajo la dictadura.

De acuerdo a esta visión del proceso de formación de Chile como nación no corresponde retroceder y sí avanzar porque la nueva Constitución debiese establecer firmemente que Chile es una república democrática y que la convivencia nacional arranca del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Como Pinochet y Guzmán defendían la tutela militar el texto de la Constitución del '80 no contiene esta afirmación esencial.

Luego viene el tema del Estado, es natural que esta definición recoja las convicciones del presente derrotando los criterios de exclusión del pasado reciente y del carácter preponderante del mercado propios del Estado subsidiario.

Ahora Chile puede avanzar hacia un Estado social de derechos, plurinacional y descentralizado. De ese modo, los amargos siglos de exclusión comenzarán a ser dejados atrás, mirando el futuro y los nuevos desafíos, propios de esta época.

Dejar en duda si somos o no república lejos de robustecer a las fuerzas del cambio social no hará sino favorecer a las fuerzas ultraconservadoras que están alertas para emplear cuantos argumentos aparezcan, reales o ficticios, con el fin de desautorizar y deslegitimar la Convención Constitucional.

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