Suelo urbano y gobierno metropolitano para Santiago

Las implicancias urbanísticas de la inauguración de un centro comercial en Providencia; los impactos de las nuevas autopistas Vespucio Oriente y Costanera Central y las presiones inmobiliarias por expandir el radio urbano revelan la necesidad urgente de instalar Gobiernos Metropolitanos en nuestras grandes ciudades y, particularmente en Santiago.

Dichos asuntos tienen en común las mismas complicaciones y problemas: las falencias graves en la planificación y la radicación de decisiones claves en el gobierno central, en los municipios o, incluso, dejadas a los intereses privados, sin una visión sistémica.

Las consecuencias son también similares. Alentar el crecimiento del parque automotriz sin adoptar, en paralelo, medidas que fortalezcan el transporte público; liberalizar el suelo, sin frenar la especulación con los terrenos ni disponer de gestión estatal para necesidades sociales y crear carreteras que dividen comunas y afectan la vida de sus barrios, traslada a los habitantes las molestias y al Estado las responsabilidades en conectividad, equipamiento y servicios públicos complementarios de grandes iniciativas.

¿Se agotaron los terrenos? Probablemente no. Lo que escasea son, por una parte, los sitios urbanizables a bajo precio que permitan satisfacer la demanda de vivienda social, ajustándose al valor actual de los subsidios y, por otra, los destinados a otros proyectos, con los niveles de rentabilidad de las últimas décadas.

Lo que sí se agotó es este modelo de construir ciudad segregada, desigual, desordenada y sin escala humana como resultado de un esquema institucional que no ve los temas en forma integral, sino lo hace parcial y localmente y, en lo puntual, la falta de un rol decidido del Ministerio de Vivienda para frenar la especulación de suelo urbano y asegurar la satisfacción de las necesidades habitacionales.

El desarrollo de nuestras grandes urbes, requiere contar con una planificación adecuada, que anticipe los problemas y no sólo los busque atenuar, generalmente en forma tardía, como el caos vial de la zona oriente. Se necesita, asimismo, que las decisiones se evalúen en forma multisectorial y con una participación activa de las comunidades afectadas.

En el caso de la expansión del radio urbano, deben ponderarse los costos en materia de equipamiento, transporte público, vialidad y las consecuencias ambientales y especialmente sociales, contrastándolos con la alternativa de rescatar barrios deteriorados, pero con criterios exigentes y no como se intentó en los ‘90.

Necesitamos esa perspectiva integradora, tanto en lo territorial como en los contenidos.También tener más canales y espacios para que la ciudadanía pueda expresarse. Urge instalar los Gobiernos Metropolitanos, ya consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional.

Lo que falta es determinar sus órganos, deseablemente un Intendente elegido democráticamente y un Consejo Regional también surgido de las urnas, aunque quizás reforzado para algunas decisiones con representantes comunales; su financiamiento, asegurando los recursos en la ley de presupuestos y su funcionamiento, donde lo fundamental es definir aquéllas materias que pasarán de los municipios al CORE.

Seguir esperando es continuar tomando decisiones, como la del suelo urbano de Santiago o las exigencias urbanísticas de grandes proyectos u obras viales con una visión estrecha, insuficiente para la magnitud de los problemas.

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