En medio de noticias políticas copadas por el resultado de la reforma previsional se ha escurrido una nueva postergación del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento (CPE), esta vez para el mes de abril. La primera fecha original era enero de 2025, la que fue modificada y anticipada para fines de noviembre pasado, para asegurar un resultado concreto. Como las señales de acuerdos eran limitadas se estableció una nueva meta: 31 de enero. En medio, hubo filtraciones de propuestas controvertidas entre los mismos comisionados y esto implicó que no había condiciones para arribar a un consenso. Por tanto, y en medio del tumulto noticioso de la reforma previsional se aprobó un tercer plazo.
Esto indica que con cada mes que transcurre se comprimen los escenarios para una solución del conflicto existente entre el Estado, la sociedad chilena y el pueblo mapuche en particular. Si la CPE arriba a un consenso en abril, el Presidente sólo tendrá disponible hasta junio, cuando se conmemore del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, para presentar al país una solución. Y esto dependerá de si el informe resuelve los nudos del conflicto. A partir de ahí, se tendrán disponibles sólo ocho meses (entre julio 2025 y febrero 2026) para implementar dicha política y todo esto en medio de otras preocupaciones gubernamentales y políticas relativas a la campaña presidencial y parlamentaria que concentrará muchas ansiedades, entre las cuales -por cierto- resolver el conflicto con el pueblo mapuche no estará dentro de las prioridades.
¿Quién gana y quién pierde con este tercer aplazamiento? Es admisible que, si en casi un año y siete meses de trabajo no se logra arribar a un acuerdo es preferible conceder un mayor plazo. Esto es el hecho político. En lo social, y en correspondencia con la naturaleza del conflicto y de las expectativas sociales y de los pueblos indígenas, de caminar resueltamente a una solución, todo aplazamiento genera controversias y sobre todo desencanto y distancia. Otras comisiones presidenciales (CEPI, Comisión de Verdad histórica y Nuevo Trato, Comisión Vargas) desde 1990 hasta fines de 2018 cumplieron de manera efectiva con los plazos impuestos para alcanzar un consenso, entidades que aportaron al país leyes, instituciones, acuerdos internacionales y una multiplicidad de programas gubernamentales e incluso municipales en pro de los derechos indígenas en Chile.
No obstante, y ante el incremento del conflicto Estado-pueblo mapuche y especialmente por el tema de la restitución de tierras, la creación de la CPE abrió muy positivas expectativas para ayudar a resolverlo, pero la sucesión de aplazamientos de sus propuestas indica que si el debate sobre los nudos esenciales del problema ya no ha sido resuelto en un año y siete meses de trabajo ¿Podrán ser resueltos en dos meses, descontando un mes de vacaciones?
Las dirigencias del pueblo mapuche han ido evaluando el desarrollo de este proceso. Esto ha sido debatido en diversos Trawün (encuentros), siendo el principal en Yumbel el 5-6 y 7 de enero, y hay conciencia de que las dificultades para arribar a un acuerdo satisfactorio para resolver el conflicto de tierras solo permitirán avizorar un informe sino más bien modesto, y sin un impacto efectivo como en su momento sí lo fueron los informes de la CEPI (con Aylwin), Comisión de Verdad histórica (con Lagos) y comisión presidencial presidida por el obispo Vargas (con Bachelet). Por tanto, la inquietud existente en la dirigencia mapuche es que el conflicto pudiese perdurar e incluso empeorar si -eventualmente- un nuevo gobierno de carácter conservador o ultraconservador fuese electo, situación que aplazaría por más de un quinquenio el problema existente. Y eso no es una buena perspectiva.
La CPE cuenta con un acopio enorme de respaldo para haber avanzado con extrema rapidez en su resultado. Todos los antecedentes fundamentales del conflicto están descritos en el informe oficial de la Comisión Presidencial de Verdad histórica y Nuevo Trato con los PPII de 2004 y en la comisión presidencial Vargas, de 2018. Nunca se ha partido de cero. Y lo segundo es que las conclusiones de tales comisiones aportaron muchas recomendaciones para el Estado de Chile, varias de las cuales se han cumplido y otras permanecen pendientes. Adicionalmente, entre 1993 y 2024 se ha producido una enorme cantidad de documentos como resultado de sendas investigaciones y estudios del más alto nivel y con rango universitario acerca de la historia y naturaleza del conflicto. De hecho, el gobierno antes de constituir la CPE encomendó a un grupo de universidades preparar un estudio para conocimiento de los comisionados designados. El Estado ha invertido importantes recursos en investigaciones académicas, especialmente sobre el conflicto de tierras, etc. La CPE cuenta con toda esa información de calidad y aun así pareciera ser que se buscó abrir nuevos caminos de investigación, estudios y diálogos en circunstancias que de aquello existe muchísimo material y bastante actualizado.
Cabe tener presente que el decreto presidencial que constituye la CPE, en junio del 2023, acotó su cometido, precisamente por lo anterior, a un solo objetivo: Proponer soluciones para resolver el conflicto de tierras. Ése es su cometido esencial. Y para arribar a una solución desde junio de 2023 a enero de 2025 han transcurrido un año y siete meses sin un resultado, y el esperado informe se aplaza ahora para abril en medio del inicio concreto de un proceso electoral que copará las preocupaciones reales de gran parte de la sociedad política, los partidos, las instituciones, el Parlamento y del propio Gobierno.
Lo único que resta ahora es desear, fervientemente, que lo que no se ha logrado en un año y siete meses se pueda concretar en menos de tres meses disponibles (febrero-marzo-abril). Si el informe arriba en abril a un acuerdo de carácter histórico que abra caminos para resolver el conflicto del Estado con el pueblo mapuche en relación con sus derechos de tierras, a lo menos quedara instalado un compromiso que otros gobiernos tendrán que asumir y cumplir. Obviamente, esto dependerá del carácter progresista o no de esas nuevas administraciones.
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