Gratuidad: el problema no es quién accede, sino qué logramos con esa inversión
El reciente debate sobre eventuales restricciones a la gratuidad, como los límites de edad, parece haberse desestimado. Sin embargo, el cierre de esa discusión no debería nublar el problema de fondo. Al contrario: abre una oportunidad para elevar el nivel del debate y hacernos cargo de una pregunta relevante: ¿Está logrando la gratuidad el impacto que el país necesita?
A casi una década de su implementación, esta política se ha consolidado como uno de los pilares del financiamiento de la educación superior en Chile. Solo en 2025, más de 612 mil estudiantes accedieron al beneficio, con un costo fiscal que supera los US$2.400 millones anuales. En el contexto actual con múltiples demandas sociales, preguntarse por la eficiencia de esta inversión no es sólo legítimo, sino necesario.
El problema es que esa discusión se ha reducido, casi exclusivamente, a quienes acceden al beneficio. Ese enfoque resulta insuficiente frente al verdadero desafío: la capacidad del sistema para sostener las trayectorias educativas de quienes ingresan.
En Chile, cerca de 23% de los estudiantes abandona su carrera en el primer año, y alrededor de 16% sale completamente del sistema al año siguiente. Aun cuando los beneficios estudiantiles elevan la retención a niveles cercanos al 83%, frente a 60% en quienes no reciben apoyo, la deserción sigue siendo un fenómeno estructural y por lo mismo muy profundo.
Cuando una proporción relevante de estudiantes no logra completar sus estudios, parte importante de la inversión no se traduce en titulación ni en capital humano. Tampoco en el largo plazo en trayectorias laborales estables, autonomía económica ni movilidad social, por lo tanto, el costo asociado a este fin lejos de desaparecer, se desplaza y proyecta largamente en el tiempo.
La deserción no responde únicamente a decisiones individuales vinculadas con la motivación, capacidad intelectual o desinterés. Por el contrario, en el caso de los jóvenes pertenecientes a 60% o menos del registro social de hogares, está profundamente asociada a las consecuencias del contexto dónde les tocó nacer y, por lo tanto, obedece a: brechas académicas profundas, fragilidad socioemocional, ausencia de redes de apoyo, exigencias laborales y responsabilidades de cuidado y dependencia familiares. Condiciones que el financiamiento, por sí solo, no resuelve.
Pese a lo anterior, este no es un problema sin solución. La evidencia muestra que en contextos donde los dispositivos de apoyo existen, la deserción disminuye en más de un 20% y como consecuencia de ello, más de 80% de los estudiantes logra además de permanecer, titularse oportunamente. Es decir, la inversión realizada no solo tiene un impacto en la vida de los estudiantes y sus familias, sino también se puede proyectar un retorno de la inversión importante respecto de cada peso invertido en quienes logran terminar a tiempo.
Sin embargo, mientras la discusión continúe concentrada en el acceso, la gratuidad corre el riesgo de sostenerse como una política masiva, pero no necesariamente efectiva para los estudiantes más vulnerables que acceden a ella, en relación con su propósito de generar movilidad social y fortalecer el capital humano del país.
Asegurar que más estudiantes no solo ingresen, sino que permanezcan y se titulen, es una decisión estratégica. En un contexto de baja productividad, envejecimiento poblacional y creciente demanda por capital humano calificado, desperdiciar talento tiene costos que el país difícilmente puede absorber.
A casi 10 años de su implementación, la gratuidad exige una mirada más integral. No basta con financiar el acceso; es necesario sostener las trayectorias porque si queremos discutir en serio sobre el futuro de esta política, la pregunta ya no es quién entra, sino quién logra quedarse y, sobre todo, si esa trayectoria es capaz de romper los círculos de pobreza y abrir un nuevo horizonte de oportunidades. De lo contrario, el acceso por sí solo seguirá siendo una promesa incompleta.