Las palabras denotan y connotan, e importan mucho más aún cuando vienen del presidente de un partido que no solo es parte del sistema republicano chileno, sino que además ha ejercido cuotas relevantes de poder en los últimos años. Por eso, las declaraciones de Lautaro Carmona reivindicando el carácter "leninista" del Partido Comunista no pueden ser reducidas a una mera nostalgia doctrinaria o a un gesto identitario interno que habría que dejar pasar con el paso de los días, como si fuese un acontecimiento corriente de nuestro paisaje político. Son, más bien, una definición política de fondo. Una señal. Y las señales importan.
Porque el leninismo no es una corriente más dentro de la amplia tradición de las izquierdas democráticas. No es equivalente al socialismo democrático europeo, ni a la izquierda reformista, ni siquiera a una versión más radical de la socialdemocracia. El leninismo supone y propone una concepción contraria a la democracia representativa porque su proyecto se basa en la existencia de una vanguardia iluminada que interpreta los intereses "verdaderos" del pueblo -incluso por encima del propio pueblo- y en la dictadura del proletariado.
Lenin desconfiaba de la democracia liberal porque la consideraba una máscara burguesa. Y desde esa premisa justificó la concentración del poder, la subordinación de las libertades individuales al proyecto revolucionario y la disciplina férrea del partido único. El problema de recordar a Lenin es reivindicar todo esto, hoy, en una democracia constitucional, cuando quien las emite lo hace en nombre de un partido que participa activamente de las instituciones republicanas. Insistir en aquella ideología no es, por tanto, inocuo. Es una señal cultural que opera a la vez como un vector que pretende erosionar el valor de la democracia liberal representativa.
Pero quizás lo más inquietante (he aquí el vigor central de esta columna) no sea solo la declaración misma, sino la llamativa capacidad del Partido Comunista chileno para neutralizar mediática y políticamente episodios que, en cualquier otra colectividad, provocarían un escándalo. Existe una suerte de indulgencia política hacia el PC, una normalización de ciertos discursos o prácticas que serían moralmente inaceptables si provinieran desde otro sector político. Basta recordar las propias declaraciones de Guillermo Teillier respecto de las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hace algunos años, en entrevista a La Tercera, relativizó episodios gravísimos como el secuestro de un niño -el hijo de Manuel Cruzat- calificándolo apenas como una "cuestión complicada". El nulo costo político de un hecho como aquel da cuenta de una curiosa asimetría en el juicio público ante un partido que suele quejarse de un "anticomunismo" atmosférico.
La paradoja del Partido Comunista chileno es que ha logrado convivir tácticamente con la democracia representativa mientras mantiene, en sectores relevantes de su dirigencia, una incomodidad (o diferencia) estructural con ella. Esa tensión aparece una y otra vez: en sus ambigüedades frente a Cuba o Venezuela, en la justificación sistemática de regímenes autoritarios "amigos", en sus críticas explícitas a la democracia representativa -que no dudan en llamar fracasada- y ahora en esta reivindicación explícita del leninismo. Por eso, no deja de inquietar que buena parte de la izquierda democrática se pliegue a esa indulgencia que señalamos y guarde silencio frente a esto. Sin embargo, el problema de fondo no es solamente el Partido Comunista o las palabras de su presidente, sino la normalización (por ausencia de asombro) de ideas antidemocráticas. Pues, el riesgo que importa aquello está en su potencial impacto, el cual no es otro que socavar, por lento que sea, la democracia.
Chile ya conoció en el siglo XX los costos de los maximalismos ideológicos y de quienes creyeron poseer verdades históricas superiores a las reglas democráticas. Por eso, nunca es tarde ni está demás llamar a no banalizar nuevamente esas señales.