El saber que nos hace libres

Cuando se dice que la investigación científica no sirve porque sus resultados terminan en una biblioteca, vale la pena detenerse en esa afirmación con calma. Las bibliotecas han sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el lugar donde el saber se preserva para que otros puedan construir sobre él. La Biblioteca Nacional de Chile, fundada en 1813, antes incluso de nuestra Independencia formal, nació con esa convicción: que el acceso al conocimiento es una condición de la ciudadanía. A través de redes de bibliotecas obreras y populares, miles de trabajadores y trabajadoras chilenos aprendieron durante el siglo XX a leer no solo palabras, sino también el mundo. Despreciar ese legado no es una posición técnica; es un extravío histórico.

La evidencia disponible es clara respecto al valor económico de la ciencia. Un estudio publicado en Research Policy determinó que el 73% de los artículos citados en patentes industriales estadounidenses provienen de investigación financiada con fondos públicos (Narin, Hamilton y Olivastro, 1997). No hay innovación privada sin ciencia previa que la sustente. Múltiples estudios de la OCDE han documentado que la inversión pública en investigación y desarrollo genera retornos económicos significativos a largo plazo, a través de mejoras en productividad y apertura de nuevos mercados. El informe Science and the Economy de la Royal Society (2024) precisa, además, que los métodos tradicionales de medición apenas capturan una fracción del valor real generado por el sistema científico.

Pero el conocimiento vale también -y enormemente- más allá de lo productivo. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen demostró que las sociedades con mayor capital intelectual y libertades cognitivas exhiben indicadores de desarrollo humano superiores, con independencia del PIB per cápita (Sen, 1999). La investigación en humanidades, ciencias sociales y artes contribuye a la cohesión democrática, al fortalecimiento de identidades culturales y a la construcción de políticas públicas más justas. Investigaciones universitarias sobre contaminación del aire, resistencia a antibióticos o salud mental han permitido al Estado chileno actuar antes de que los problemas se vuelvan irreversibles. El retorno de esa ciencia no se mide en empleos directos, sino en calidad de vida y años ganados.

Las universidades son también espacios de comunidad y formación ciudadana. Un metaanálisis publicado en Review of Educational Research, que revisó 71 estudios a lo largo de 48 años, concluyó que las habilidades de pensamiento crítico mejoran sustancialmente durante la experiencia universitaria (Huber y Kuncel, 2016). El Foro Económico Mundial identificó el pensamiento analítico como la competencia más valorada por las empresas a nivel global en su Future of Jobs Report 2023 (World Economic Forum, 2023). Esa capacidad de examinar evidencia, cuestionar supuestos y llegar a conclusiones propias no es un lujo académico: es lo que permite que una sociedad se gobierne con autonomía y resista la desinformación.

Los países que han sostenido su inversión en ciencia y educación superior -Corea del Sur, Finlandia, Irlanda- han transformado su posición en el mundo no a través de la lógica del beneficio inmediato, sino de la confianza en el valor del saber acumulado. Los que han recortado han pagado ese costo generaciones después, en dependencia tecnológica y menor capacidad de respuesta ante los desafíos del siglo.

Chile tiene esa misma posibilidad de elegir. Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de sostener ese argumento con evidencia, con rigor y con la convicción de que el conocimiento -incluso aquel que descansa en un libro en una biblioteca- es siempre el punto de partida de algo más grande.

Referencias