Por la puerta y con lo puesto
Chile no es un país ajeno a la migración. Muy por el contrario, nuestra historia está profundamente marcada por ella. Miles de familias llegaron a este territorio buscando oportunidades, escapando de crisis, guerras o simplemente persiguiendo un futuro mejor. Mi propia familia es parte de esa historia. Llegaron a fines del siglo XIX, en una época compleja, donde nada estaba asegurado, pero donde sí existía algo fundamental: el respeto por las normas del país que los recibía y la voluntad de integrarse, trabajar y aportar.
Por eso, cuando hoy hablamos de migración, debemos hacerlo con responsabilidad. No todo inmigrante es delincuente, y afirmarlo sería injusto y equivocado. Pero también es un error -y uno grave- negar que Chile enfrenta un problema serio con el ingreso irregular de personas a su territorio. Esa realidad existe, y quienes la niegan simplemente están desconectados de lo que viven miles de chilenos a diario.
Esta semana, la Comisión de Gobierno Interior del Senado rechazó, por 3 votos contra 2, el proyecto que buscaba tipificar como delito el ingreso irregular al país. Una decisión que no solo sorprende, sino que también preocupa. Porque lo que se está transmitiendo es una señal de permisividad en un tema que requiere exactamente lo contrario: orden, control y claridad.
Ningún país serio funciona sin reglas. Ninguna sociedad puede sostenerse si se relativiza el cumplimiento de sus normas más básicas. Y aquí el principio es simple: no se puede normalizar que personas ingresen al país por pasos no habilitados, sin control alguno, sin identificación clara y sin asumir ninguna responsabilidad. Eso no es integración, eso es desorden.
Si migrar es un derecho, como muchos sostienen, entonces también debe existir el deber de hacerlo respetando las leyes del país de destino. Porque las sociedades no se construyen solo desde los derechos individuales, sino también desde el cumplimiento de normas que permiten la convivencia. Sin reglas claras, lo que se instala es la incertidumbre, la inseguridad y, finalmente, el debilitamiento del Estado.
Chile necesita con urgencia recuperar el control de sus fronteras. Saber quién entra, en qué condiciones lo hace y con qué propósito. No se trata de cerrar el país ni de levantar muros ideológicos. Se trata de algo mucho más básico: ordenar la casa. Y ordenar la casa implica establecer límites, hacerlos cumplir y contar con herramientas legales efectivas para enfrentar situaciones que hoy están completamente desbordadas.
El rechazo de este proyecto va en la dirección contraria. Debilita la capacidad del Estado para enfrentar un fenómeno complejo y deja en la indefensión a quienes sí han seguido las reglas. Porque también hay miles de migrantes que hicieron las cosas bien, que ingresaron de manera regular, que cumplen la ley y que hoy ven cómo el desorden termina perjudicando su propio proceso de integración.
Aquí no hay espacio para ambigüedades. Chile debe ser un país abierto, sí, pero también un país serio. Un país donde el que quiera venir pueda hacerlo como llegó mi familia a finales del siglo XIX, por la puerta y con lo puesto. Con su historia, con su esfuerzo, pero también con el respeto irrestricto a las normas que nos rigen.
Ordenar la migración no es discriminar. Es ejercer soberanía. Es proteger a quienes viven en nuestro país y también a quienes quieren ser parte de él de manera legítima. Es entender que la convivencia no es espontánea, se construye. Y para construirla, se necesitan reglas claras y voluntad de hacerlas cumplir.
Postergar esta discusión o relativizarla solo agrava el problema. Chile no puede seguir mirando para el lado. Es momento de tomar decisiones firmes, responsables y coherentes con lo que la ciudadanía exige: orden, seguridad y respeto por las reglas. Porque al final, cuidar la casa común no es opcional. Es una obligación.