Ciencia y universidad pública al servicio del pueblo, lo que el mercado nunca hará
Seguramente esta tremenda noticia no llenara páginas de ningún medio hegemónico, mucho menos de los matinales que operan al servicio del poder. Precisamente por ello escribo esta columna, porque hay noticias que deberían sacudirnos de la comodidad del debate abstracto y obligarnos a mirar de frente lo que está en juego. Esta es una de ellas.
La Universidad de Chile, institución pública, financiada con recursos del pueblo y orientada al servicio del Estado, acaba de publicar en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo -The Lancet- los resultados de un programa que logró lo que parecía imposible: cero muertes por virus respiratorio sincicial en lactantes durante dos años consecutivos. Cero. Ninguna madre tuvo que llorar a su hijo por esa causa. Ningún padre tuvo que endeudarse de por vida para pagar una UCI pediátrica que no alcanzó a llegar a tiempo. Eso no lo hizo el mercado. Lo hizo el Estado.
Lo hizo la inversión pública, la voluntad política, el trabajo interdisciplinario de investigadores que decidieron poner su talento al servicio de los más vulnerables y no al servicio de los accionistas de una clínica privada. Más de $136 mil millones de pesos que el Estado invirtió como lo que verdaderamente son: recursos que salvan vidas concretas, con nombre y apellido, en los barrios populares de este país.
Los números son elocuentes para quienes necesitan hablar en ese idioma: se evitaron más de 59 mil días de cama en cuidados básicos, 25 mil días en UCI y más de 25 mil consultas de urgencia. Pero detrás de cada uno de esos números hay una trabajadora de casa particular que no tuvo que faltar al trabajo. Un obrero de la construcción que no tuvo que pedir un crédito de consumo para costear la internación de su guagua. Una familia de la clase trabajadora que no fue empujada a la pobreza por una enfermedad prevenible. Eso es lo que hace el Estado cuando funciona para el pueblo.
Y justo ahora, cuando la Universidad de Chile ya proyecta extender este modelo exitoso a la influenza, al rotavirus y al citomegalovirus, una enfermedad que puede causar sordera irreversible en recién nacidos, justo en ese momento histórico, llega un gobierno dispuesto a desmantelar lo construido.
El gobierno de Kast recorta el presupuesto de salud porque su proyecto político tiene una lógica coherente, aunque moralmente inaceptable: que la salud sea una mercancía y no un derecho. Que quien pueda pagarla, la tenga. Que quien no pueda, se atenga a las consecuencias. Ese es el "Estado mínimo" que predican: mínimo para los que menos tienen, generoso para los que más acumulan.
Lo que está en disputa desde la llegada de este gobierno es una concepción del mundo. Es la pregunta fundacional de toda sociedad: ¿El Estado existe para proteger la vida de todos o para garantizar el negocio de algunos?
Los especialistas son categóricos: cualquier retroceso en este programa equivale a un retorno al colapso de las UCI pediátricas en invierno y a la muerte infantil evitable. No lo digo yo. Lo dice la evidencia científica publicada en las revistas más rigurosas del planeta. Lo dicen los propios investigadores de la Casa de Bello, que con honestidad intelectual advierten que, sin continuidad presupuestaria, los frutos de años de trabajo y de inversión pública se perderán.
La ministra saliente Ximena Aguilera ya lo dijo con todas sus letras: están disponibles para traspasar la información a las nuevas autoridades y garantizar la continuidad. La pelota quedó en la cancha del nuevo gobierno. Y la pregunta que hoy debemos hacerle al gobierno entrante es simple y directa: ¿van a continuar el programa o van a dejar morir niños para cuadrar sus cifras fiscales?
No hay respuesta técnica posible a esa pregunta. Solo hay respuesta política.
Por eso la clase trabajadora, las organizaciones sociales, los médicos, las enfermeras, las matronas, los padres y madres de este país tienen que estar en alerta máxima. La movilización popular no es un recurso de último momento; es la garantía de que las políticas públicas que salvan vidas no sean negociadas en los pasillos del poder económico. El sincicial fue derrotado gracias al Estado. Pero el Estado se defiende en las calles, en los cabildos, en la organización popular.
Que nadie se confunda: lo que está en juego no es solo un anticuerpo monoclonal. Lo que está en juego es la respuesta definitiva a una pregunta que Chile lleva décadas intentando responder: ¿De qué lado está el poder político en este país? La Universidad de Chile demostró que la ciencia al servicio del pueblo salva vidas. Ahora le toca al pueblo demostrar cómo se defiende esa ciencia, porque la salud no se recorta. Se defiende.