Transparencia pública
Hoy, cuando la transparencia política continúa en entredicho a propósito de los bullados casos de corrupción ya conocidos por todos, se hace más necesario que nunca tomar medidas que permitan volver a conectarnos con la ciudadanía, sobre todo porque los estándares han cambiado y existen mayores exigencias para combatir la probidad. Y para ello, debemos partir por casa, por el Congreso Nacional. Cualquier decisión que vaya en el sentido contrario, sólo contribuye a desprestigiar aún más nuestra labor.
Tal como lo estableció la Ley N° 20.285, la transparencia activa es aquella que corresponde desarrollar a los organismos públicos sin necesidad de que los ciudadanos efectúen algún tipo de solicitud o petición. Consiste principalmente en que cada organismo debe publicar una serie de informaciones en su portal web.
En este sentido, es destacable que la Cámara de Diputados ponga a disposición de la ciudadanía todo lo preceptuado en la ley en lo que se refiere a difundir información relativa a promover el conocimiento de procedimientos, contenidos y decisiones que son adoptadas por la Corporación.
Un aporte sustancial en esta materia lo hicimos cuando estuve en la Presidencia de la Cámara, pues elevamos los estándares de transparencia. Algunos ejemplos de aquellos avances: suscribimos un convenio con la Universidad de Chile para terminar con los copypaste, hicimos público los informes de asesorías externas y mejoramos la operatividad para las fiscalizaciones de los actos parlamentarios.
Otra clara muestra de transparencia en la gestión de la Cámara de Diputados es el acceso a la información de las comisiones. En esta línea, la Corporación cuenta con varias herramientas que permiten a la ciudadanía informarse de lo que allí se discute: las sesiones son televisadas, se puede asistir como oyente, los secretarios entregan información al público, se suben a la plataforma las presentaciones que dejan los participantes y existe un sistema de información mediante actas, que realiza el secretario de la comisión, las cuales quedan disponibles en el sitio web.
El Senado, en cambio, está al debe en esta materia. Si tomamos como ejemplo el acceso a la información de las comisiones, podremos darnos cuenta que para un ciudadano común es imposible informarse de manera alguna de lo que allí ocurre. Existe un tremendo secretismo.
No sólo no televisan sus comisiones, sino también no se realizan actas de sesiones y no se permite el ingreso de oyentes. Como si lo anterior fuera poco, durante el año pasado se sumó el conflicto con el Ministerio Público a raíz de la negativa para entregar los informes de asesorías externas.
Pero más grave aún es que en la actualidad se siga hablando de esta “cultura del secreto”, por cuanto desde hace ya un buen tiempo se establecieron responsabilidades para ampliar los estándares de transparencia.
En la primera cuenta pública de los presidentes de ambas cámaras, hace tres años, cuando en la testera del Senado estaba Patricio Walker y en la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, uno de los compromisos que se estableció, especialmente desde la Cámara Alta, fue transmitir las comisiones, lo que en la actualidad no se ha cumplido en forma íntegra.
Lo lamentable y preocupante es que con este método pierde la ciudadanía, ya que los sistemas expeditos de información permitirían “emparejar la cancha” en materia de información pública.
Toda buena política se efectúa de cara a la ciudadanía, con transparencia, con verdad y enmendando los errores.
Un avance general es el registro de audiencias por Ley de Lobby, pero que todavía falta por perfeccionar. Sólo así lograremos encauzar nuestro camino, ser trascendentes y respetados.
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