¿Transparencia salarial en las universidades estatales?

Golpeó a la opinión pública la disparidad de salarios entre académicos y autoridades universitarias de las universidades estatales.

Algunas autoridades reciben sobre los 8 millones mensuales cuando académicos tope en la carrera reciben menos de 2 millones y muchos funcionarios no académicos reciben 200 mil.

No golpea a la opinión pública, que no se exija transparencia al privado donde un empresario gane 40 millones mensuales (o mucho más) siendo que la mayoría de sus trabajadores están por debajo de los 350 mil mensuales.

Hay injusticia al exigirle a las universidades estatales la transparencia y no exigírsela al privado. Qué bueno sería que todos los chilenos supiéramos y se enseñara en los colegios cuál es el ingreso (no sólo el salario, sino que propiedades, capitales, etc.) de cada persona y cuál es la ubicación de cada uno en la escala de poder, prestigio y dominio.

La situación es más incoherente cuando se acusa a las universidades estatales de estar financiadas por los privados, es decir, por el pago de aranceles de los alumnos y los servicios que prestan y no por el Estado.

Si son privadas por su pago no puede exigirse transparencia, y si el Estado paga, el Estado sabe lo que ganan.

Es grave que los Rectores y autoridades de las universidades estatales hayan accedido a declarar los sueldos o a permitir cualquiera contraloría sobre ellos cuando los sueldos los paga el privado.

El Gobierno y las Contralorías consideran a la Universidades llamadas Estatales, como tales, para todo lo que es control, denigración (justificada o no), obstaculización, ridiculización, pero son privadas para no pagarles y no reajustarles el salario, no pagarles los gastos de funcionamiento mínimo, no pagarles los gastos de operación y no mantener la creación intelectual estética y moral.

Es inmoral, antiético (doble estándar) e inconstitucional que el salario de un funcionario del Estado de Chile no sea pagado y reajustado íntegramente por el Estado de Chile como ocurre con Presidentes, Ministros, Senadores, Diputados y todas las autoridades de Chile, pero también con todos los funcionarios del Estado de Chile, menos los de las Universidades Estatales.

Hay una desigualdad de facto, éticamente y legalmente inaceptable, mandada por la Constitución o las leyes.

Los Rectores de las Universidades del Estado de Chile debieron condicionar la transparencia al compromiso de que el Estado de Chile volviera a ser el que pagara y reajustara salarios y pagara los gastos de operación y funcionamiento básico de las Universidades Estatales.

Pero esto traería una gritería padre al interior del cuerpo de autoridades de la Universidad incluso de las administrativas que pueden ganar sobre los 3 millones mensuales.

Los salarios más altos si los pagara el Estado estarían a lo más en 4 millones mensuales, como en otros servicios públicos (profesores titulares con el grado máximo y con las asignaciones máximas).

Se entiende por qué las autoridades universitarias no quieren batallar para que el Estado pague íntegramente los salarios y el funcionamiento básico de la Universidad.

Si el Estado paga los salarios y el funcionamiento, la transparencia es directa e inmediata, el Estado que es la organización del bien común del Pueblo de Chile sabe cuanto paga a sus miembros.

Es inmoral, porque es un robo, que el Estado le pague a las instituciones privadas, sin el consentimiento de los contribuyentes que somos todos los chilenos, y no les pague el salario discriminadamente a algunas personas en instituciones estatales.

El dinero de todos los chilenos se ha usado para mantener a la banca, a varias empresas privadas y se está hablando que se tendrá que hacerse cargo de la estafa de La Polar.

El problema de Chile es su ideología mas-o-menista, en donde nada es estatal o público y nada es privado o particular, las cosas son más o menos público-privadas, para que siempre gane la oligarquía (que nada tiene de más-o-menos, porque siempre gana más) que está preparada para reinar en esta confusión.

La solución es terminar con este ni-chicha-ni-limonadismo que es en la práctica una chichlimonada, el Estado se hace cargo del Estado con la anuencia y consentimiento de todos los chilenos y el privado se hace cargo del privado con sus propias uñas.

Si una universidad privada quiere tener estudiantes pobres, que ella pague las becas a esos estudiantes pobres.

El Estado debe gastar todo su dinero que el Pueblo de Chile le ha dado en sus instituciones que ha creado con su consentimiento.

Los privados que representan confesiones privadas, ideologías privadas e intereses económicos privados e incluso internacionales, que se sustenten con sus actividades privadas en el libre mercado; pero en el libre mercado y no en el mercado cautivo de seis o siete grandes empresas que dominan todo el mercado chileno cuyos dueños están todos emparentados.

Ya lo hemos señalado Chile no es una República Democrática Pluralista, es una Reprivada Oligárquica Nepótica.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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