Un supraministerio de infraestructura
Existe una tendencia continua en Chile para responder a la complejidad social incrementando el tamaño del Estado. Ello mediante la formación (justificada) de nuevas instituciones que con leyes, reglamentos y recursos abordan parsimoniosamente los problemas que surgen de las relaciones económicas, sociales y ambientales, de una economía pequeña y abierta al intercambio global. En ocasiones, transformando las actuales instituciones o formando nuevos ministerios o entidades gubernamentales.
Es evidente que desde el año 1973 el aumento de ministerios ha sido permanente, pasando de 15 a 24 (y a 25 con la creación del próximo Ministerio de Seguridad). En este período se crearon 4 ministerios en los 17 años de dictadura y 5 durante los 34 años de democracia. Por ende, en dictadura fue el período que en forma proporcional hubo mayor crecimiento del Estado durante el último medio siglo. Sin embargo, esa tendencia se contrasta con la realidad de otros países que poseen menor número de ministerios y mayor población total.
Por ejemplo, Chile posee 9 ministerios más que Australia y un PIB varias veces menor, lo que permitiría hacer una hipótesis: El tamaño del Estado es inversamente proporcional a su capacidad de generar riqueza. Esta hipótesis es débil y existe suficiente evidencia para rechazarla, pero sí permite reflexionar y avanzar en el ámbito de propuestas, sobre todo en aquellas serias, especialmente motivadas por lo que nos espera en estos próximos meses previos a las elecciones presidenciales.
La creación del Ministerio de Seguridad, que es aplaudida en todo el espectro social y político, debería incluir la estimación del gasto público permanente. Para que ese gasto sea financiado en el tiempo se debió formular con una estimación de ingresos permanentes o, en su defecto, con ahorros permanentes. Esto, seguramente se realizó apropiadamente y ya fue verificado en el parlamento. Luego, el proceso de validación política aseguró que los beneficios son mayores que sus costos, de forma permanente. Entre estos costos figuran los sueldos de funcionarios que durarán, en promedio, 40 años en el cargo, por cada nueva contratación, lo que nos lleva a reflexionar sobre el tamaño del Estado.
El tamaño del Estado obedece a las decisiones de la mayoría representada en cada período parlamentario, lo que finalmente es una forma institucional de ejercer la democracia. Ello, no obstante, no permite garantizar eficiencia, eficacia y mucho menos un aumento de productividad pública. Por lo que concentrar actividades sectoriales en supraministerios es una solución al eterno problema de ineficacia estatal y que, además, permitirá el aumento del bienestar social.
La experiencia en Chile de concentrar responsabilidades no es nueva y biministros han asomado cada cierto tiempo, siempre bajo la consigna de ahorro y eficiencia. Pero no han sido reformas permanentes, con la convicción y los recursos para hacerlo de buena forma.
En este ámbito hay cuatro supraministerios que propongo y que pueden ser evaluados en el próximo debate nacional: Infraestructura, Economía, Educación y Salud. En el caso de Infraestructura, los ministerios que deberían ser fusionados son Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, y Bienes Nacionales.
La posibilidad de ganar eficiencia y reducir la fragmentación pública es de gran relevancia en un Estado centralizado y unitario. Sin embargo, otra justificación es aumentar exponencialmente la sinergia pública, al tener en una sola autoridad las decisiones estratégicas y de la coordinación del sector. Este ministerio debería establecer sus ejes estratégicos en crecimiento económico, obras avocadas a lo anterior, transporte moderno y sustentable, transición ecológica de apoyo al sector real, desarrollo urbano y calidad de vida, gestión hídrica integrada y desarrollo territorial inteligente. No obstante, existe una razón estratégica de gran relevancia que consiste en reducir la asimetría de poder público al interior del Estado. Ella es poco conocida y tiene que ver con el poder de decisiones de inversión entre los ministros sectoriales y la Hacienda pública. Esta asimetría podría ser menor al tener un solo interlocutor en la mesa del frente, con una cartera de inversión consensuada y robusta, bajo la forma de presupuestos plurianuales, desacoplados de las oscilaciones electorales. Ello permitiría un sector público fuerte y confiable a ojos de inversores y empresas, como también validada por la ciudadanía y sus sistemas de participación en las decisiones de planificación, ejecución y operación.
La arquitectura del nuevo supraministerio es de alta complejidad, porque las tradiciones, hábitos, burocracia y el statu quo atenta contra cambios radicales orientados a favorecer a la ciudadanía y que, en contrario, reducirán el estado de confort de los incumbentes, sobre todo aquellos que a cada cambio de gobierno esperan cuotas de poder temporal para mejorar su propio bienestar y el de sus grupos de interés, que muchas veces forman las denominadas sillas giratorias.
En el Chile que avanza hacia el 2100, la actual estructura del Estado no es suficiente para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales de las próximas décadas. Se requiere una cirugía mayor que debe ser impulsada por los distintos sectores de la sociedad, incluyendo a aquellas y aquellos que justamente perderán cuotas de poder.
A la par de los cambios en ministerios políticos, impulsar el nuevo ministerio de infraestructura debería ser una tendencia que tome fuerza y se implemente, más temprano que tarde en nuestro país. El fin último de esta decisión es el aumento de bienestar de esta y de las futuras generaciones.
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