Urgencias de la descentralización

Estamos próximos a la primera elección de gobernadores regionales en Chile. Los ciudadanos podrán decidir quién encabezará el Gobierno Regional democráticamente, superando la anacrónica modalidad de designación presidencial. 

Este es un paso muy importante en el proceso de descentralización que se ha iniciado, luego de largos años de debate y una fuerte resistencia centralista que ha trabado sin tapujos un cambio urgente y clave para el desarrollo y la equidad en Chile. En las regiones, luego de décadas de escepticismo, comienza a incubarse una expectativa cierta. Se ve una luz al final del túnel, lo que genera entusiasmo. 

Sin embargo, esta buena noticia corre el riesgo de derivar una profunda frustración, y hasta en una crisis política, si no somos capaces de avanzar en otras dos decisiones claves: mayor rapidez y contundencia en el traspaso de competencias a los gobiernos regionales y un financiamiento acorde con el desafío de la descentralización, lo que implica una Ley de Rentas Regionales. 

La ley aprobada establece que hasta marzo de 2022, el Presidente de la República podrá transferir competencias de oficio y que después de esa fecha el Gobernador Regional podrá solicitar al Presidente de la República el traspaso de competencias, las que serán recomendadas por un comité interministerial, que por lo demás estará compuesto mayoritariamente por miembros del gobierno central y que tiene facultades discrecionales para definir el traspaso de competencias e incluso revocarlas.

Esto instala un cuadro que será muy complejo de administrar políticamente, con Gobernadores Regionales que no tendrán suficiente poder para avanzar y que estarán sujetos al poder central para hacerlo. 

En consecuencia, es necesario hacer ajustes a esta normativa, que permitan una mayor equilibrio en la toma de decisiones entre el poder central y las regiones, y que reduzca la discrecionalidad, fijando algunos criterios medibles para tal efecto, o bien instaurar un órgano independiente que puede dirimir ante una controversia entre el poder nacional y el regional. 

Respecto del financiamiento debemos avanzar ahora en una Ley de Rentas Regionales que establezca mecanismos de tributación regional y local. Hoy las regiones y las comunas no recaudan impuestos. Esto lo hace la Tesorería General de la República a nivel nacional y los recursos se discuten en la Ley de Presupuestos.

Las regiones reciben financiamiento a través del Presupuesto de la Nación. Es evidente que mantener este mecanismo no permitirá que el proceso ya iniciado de descentralización despegue. Si no existe tributación regional y un manejo autónomo no hay realmente descentralización. La robustez e intensidad de la descentralización política depende en gran medida de la contundencia de la descentralización fiscal. 

En el mediano plazo esto significa que las regiones se financien básicamente con recursos propios y menos con transferencias, aunque éstas seguirán cumpliendo una función importante de redistribución.

Avanzar hacia la dependencia de recursos propios, significa que sean los gobiernos regionales los que establezcan la base impositiva y su tasa, de tal manera que el gobierno regional se hace responsable políticamente ante sus electores del cobro de esos impuestos. Es autonomía fiscal y responsabilidad política.

Por lo tanto, se genera un vínculo fiscal regional que es básico para la legitimidad de las tomas de decisiones en el uso de esos recursos. 

Luego, como señalamos, las transferencias del nivel nacional seguirán siendo claves porque generalmente los montos impositivos más importantes se seguirán recaudando a nivel nacional, como sucede en casi todos los países, en distintos porcentajes.

Y estas transferencias debieran también incrementarse, sobre todo en una primera fase de inicio del proceso descentralizador, considerando que una tributación regional será también un proceso gradual. 

Ahora bien, es preocupante la ausencia de este tema en el marco de la proyecto de modernización tributaria del Gobierno, pese a que el Presidente señaló tanto en su programa como en su discurso inaugural, que habría un fortalecimiento del financiamiento regional en el marco del proceso de descentralización. 

Si no abordamos una solución al financiamiento regional que acompañe al proceso descentralización, que no se limite sólo al escuálido Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino que involucre un sistema gradual de tributación regional, estaremos ante una segunda fuente de frustración y tensión, junto con la del traspaso de competencias. 

Y esta fuente de frustración puede estar muy cerca de un escenario de desafección y crisis difícil de manejar, considerando la alta expectativa y larga espera de las regiones de Chile.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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