Violencia política, sexual y aborto

En el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país a partir del estallido social de octubre, ha surgido la preocupación por los númerosos crímenes de violencia sexual denunciados, y con mayor razón por los cientos de casos que posiblemente no se lleguen a denunciar y el riesgo de las víctimas de quedar embarazadas.

Esta preocupación se agrava al constatar las dificultades en la implementación de la ley de aborto en tres causales a dos años de su dictación. 

De hecho, tras recibir a organizaciones feministas que han monitoreado la aplicación de esta ley, como Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados remitió un oficio al ministro de Salud solicitando, entre otras, información sobre las medidas adoptadas para “pesquisar la violencia sexual en niñas y adolescentes e informarles sobre la atención en la red asistencial y sus opciones frente a un eventual embarazo” y sobre las “medidas de seguimiento de implementación de la ley [que] se están ejecutando para evaluar el acceso a la prestación y corregir los problemas o solucionar los obstáculos que las usuarias puedan encontrar” (Oficio Nº 152, 25 de septiembre de 2019). 

Sin embargo, en la sesión del 20 de noviembre, el Ministro Mañalich no se refirió directamente a ello ni entregó respuesta al oficio de las diputadas, y en la presentación realizada por el Jefe de División Gestión de Redes Asistenciales, que abordó diversas temáticas referidas a la aplicación de la ley, tampoco se incorporó la información requerida por la comisión legislativa especializada. 

A dos años de la dictación de la ley preocupa el bajo número de casos de embarazo producto de violencia sexual reportados (165 casos en 21 meses, que corresponden al 14,7% del total de casos por alguna de las tres causales) y que en clínicas privadas no se registre ninguna atención por violación en el primer semestre de 2019, conforme a la información más reciente dada a conocer, además de la amplísima objeción de conciencia declarada frente a esta causal, que asciende al 46% de los y las obstetras que trabajan en hospitales públicos. Igualmente preocupa que las autoridades no informen sobre la edad de las afectadas, pues ello impide conocer la particular realidad de niñas y adolescentes y de esta invisibilidad deriva la dificultad de adoptar medidas para asegurar su acceso a los derechos que la ley les reconoce, en especial su derecho a interrumpir el embarazo resultado de violación si esa es su decisión. 

Asimismo, preocupa la insuficiente capacitación a los equipos de salud de la red asistencial y la ausencia de acciones de difusión dirigidas a usuarias.

De ello deriva que muchas mujeres no conozcan los derechos que la ley regula ni como acceder a la interrupción voluntaria del embarazo cuando se encuentran en alguna de las causales, lo que resulta particularmente dramático para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

De hecho, de las mujeres que han solicitado asesoría o representación legal a Corporación Humanas, ninguna había recibido información clara sobre su estado de salud y sus alternativas, y la gran mayoría de ellas no fue derivada oportunamente a los niveles de especialidad previstos en la normativa técnica. 

Estas y otras barreras dificultan o derechamente impiden que mujeres, adolescentes y niñas embarazadas producto de violación puedan acceder a la interrupción dentro del reducido plazo previsto por la ley, y no ha sido aclarado qué medidas está tomando el ministerio de Salud para corregirlas y cautelar sus derechos.

De ahí que preocupe sobremanera que en el actual contexto posiblemente los obstáculos sean aun más difíciles de sortear.

Si en tiempos normales ha sido complejo para las víctimas acceder al aborto legal, nada permite suponer que bajo la actual crisis de derechos humanos y las numerosas denuncias de violencia sexual conocidas, dicha atención esté garantizada.

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